La Generalitat propone 104 medidas para reformar la justicia a fondo

¿Tiene arreglo la Administración de justicia? La Generalitat considera que sí y ha elaborado 104 propuestas para que el servicio sea más ágil, los ciudadanos se sientan mejor atendidos y se superen las inercias actuales, en ocasiones atávicas, que caracterizan a todos los implicados: jueces, fiscales, secretarios, abogados y funcionarios. Un centenar de representantes de diversos sectores sociales debatieron ayer sobre esas propuestas.

El debate organizado por el Departamento de Justicia superó la habitual cordialidad de este tipo de encuentros y varios de los intervinientes se expresaron a calzón bajado sobre la opinión que les merecía la justicia. Como Amadeu Petitbó, ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que achacó a los jueces falta de eficiencia, o Francesc Raventós, consejero delegado de Catalana d'Iniciatives, quien insinuó comportamientos corruptos en algunos magistrados. A ambas intervenciones replicó visiblemente contrariada la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret.

Pero más allá de los incidentes verbales, el encuentro sirvió para debatir las 104 recomendaciones de la Generalitat, cuya aplicación supondría una reforma integral del sistema judicial español y la modificación de numerosas leyes. Así, por ejemplo, la Generalitat propone que en el plazo inferior a cinco años el gasto en justicia se equipare a la media europea y que se publique anualmente la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado en esta materia para saber lo que se ha gastado realmente. También se reclama algo tan obvio como conocer el impacto económico que tendrá cualquier reforma. Lo dijo de forma muy clara el magistrado Luis Rodríguez, uno de los ponentes y asociado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). "Se están cambiando las leyes sin que nadie sepa cuánto nos van a costar a todos"

Compatibilidad informática

.La Generalitat también sugiere que se estudie la aplicación de la justicia de proximidad en las grandes ciudades catalanas, que se favorezca el reagrupamiento de los partidos judiciales y que donde exista un mínimo de siete juzgados mixtos (de primera instancia y de instrucción) se separen las jurisdicciones. Junto a estas cuestiones organizativas existen asuntos mucho más sencillos, como, por ejemplo, que el programa informático que utilizan los juzgados de Cataluña sea compatible con el que se emplea fuera de aquí, lo que no sucede ahora.

Las propuestas recogen varias modificaciones que plantea el proyecto de Estatut, como que el Tribunal Superior de Justicia se convierta en la última instancia judicial y se reserve el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina o que los funcionarios judiciales dependan de la Generalitat. También que se queden en Cataluña y no vayan a las arcas del Estado los ingresos por tasas e intereses en las cuentas de depósitos judiciales. "Pero que ese dinero se reinvierta en justicia y no vaya, por ejemplo, a paliar el déficit sanitario", advirtió otra de las ponentes.

"Únicamente con más dinero no solucionaremos los problemas de la justicia", afirmó el consejero, Josep Maria Vallès. En su opinión, hace falta una mejor organización, cambiar la manera de trabajar y la cultura del personal implicado. En ese sentido, otra medida propuesta propone combatir el absentismo laboral injustificado y velar por el cumplimiento de horarios, al tiempo que se incentive a quien hace su trabajo con rigor. En cuanto a los jueces, se propone cambiar la normativa para acabar con la gran movilidad actual y estimular su permanencia con ascensos o más dinero.

En materia de infraestructuras, la Generalitat propone que en tres años se hayan renovado todos los edificios judiciales y que todas las salas de vistas tengan equipos de grabación. Resulta intolerable para el juez, para los funcionarios y para cualquier ciudadano trabajar o acudir a un juzgado que registra 35 grados de temperatura, como ocurrió durante unos días el pasado verano en un juzgado social de Barcelona.

También la cuestión de la lengua no es ajena a las propuestas y, por ejemplo, se propone cambiar la ley orgánica para que sea el ciudadano, y no el juez, el fiscal o los abogados, quien decida en qué lengua se va a desarrollar el procedimiento.