El PSC se opone ahora a que la Oficina Antifraude dependa de Bargalló

Las aguas en el tripartito catalán vuelven a bajar agitadas. Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya consideraron ayer "insólito" que uno de sus socios, el Partit dels Socialistes, enmiende un acuerdo del propio Gobierno. En concreto, el PSC ha presentado 17 enmiendas al proyecto de creación de la Oficina Antifraude para que ésta dependa de Parlament y no del primer consejero, Josep Bargalló. El caballo de batalla son las finanzas municipales. A ello se sumó que ayer Esquerra e Iniciativa frenaron la pretensión de Ernest Maragall, secretario del Gobierno, de asistir a todas las reuniones de las macroáreas del Ejecutivo.

Socialistas y republicanos tuvieron que hacer un verdadero encaje de bolillos en septiembre para acomodar el proyecto de creación de la Oficina Antifraude a sus intereses políticos. Ernest Maragall se opuso desde el primer momento a que la oficina dependiera del primer consejero, pues sostenía que debía hacerlo del Parlament al poder fiscalizar también a los ayuntamientos. Al final, los socialistas catalanes cedieron a la presión de Esquerra, que esgrimió una resolución del Parlament, en el turbulento pleno sobre el caso Carmel, que concedía al primer consejero su potestad funcional sobre la Oficina Antifraude.

Pero ahora, el PSC ha recuperado su filosofía inicial y ha decidido presentar 17 enmiendas al proyecto de ley, ya aprobado por el Consell Executiu. Los socialistas opinan que los primeros anteproyectos de la ley e incluso la memoria que acompaña al actual proyecto estipulan que la oficina estará supeditada al Parlament.

Miquel Iceta, portavoz del PSC, afirmó ayer no comprender que una oficina que pueda investigar a los ayuntamientos dependa orgánicamente del Gobierno o, en este caso, del primer consejero, pues se "compromete" su independencia. El PSC prefiere que esté supeditada al Parlament o a la Sindicatura de Cuentas, como fija el Pacto del Tinell. En cambio, Iceta agregó que si la oficina sólo tuviera competencias sobre la Administración catalana, su grupo aceptaría que el control lo ejerciera el Ejecutivo. Los socialistas mantendrán las enmiendas hasta que puedan negociarlas con el Gobierno catalán.

Las explicaciones de Iceta no convencieron a sus socios de Esquerra e Iniciativa, que calificaron de "insólita" la actuación de los socialistas. El republicano Joan Ridao señaló que las enmiendas son "una opción libre" del PSC "que nada tienen que ver con sus representantes en el Gobierno". El ecosocialista Joan Boada apeló al PSC a defender en su integridad el texto aprobado por el Consell Executiu. "Otra cosa no es muy normal", señaló.

La oposición de Convergència i Unió y el Partido Popular se frotó las manos con esta nueva disputa. Los nacionalistas apoyaron al PSC para que la Oficina Antifraude dependa de la Sindicatura de Cuentas, mientras que los populares señalaron: "En vez de un Gobierno de coalición, es un Gobierno de cachondeo a cuya filosofía no estamos acostumbrados".

Reajuste del Gobierno

A la polémica sobre la Oficina Antifraude se sumó ayer otro episodio que dividió a los socios del tripartito. Pero esta vez Esquerra e Iniciativa ganaron la partida. Ernest Maragall pretendía asistir a todas las reuniones de las cuatro comisiones en que se dividirá el Ejecutivo catalán (política, económica, territorial y social), un reestructuración adoptada para dar una salida al presidente, Pasqual Maragall, en su pretendido y frustrado cambio de carteras en el Gobierno. Al igual que el primer consejero, Josep Bargalló, no podrá presidir las cuatro comisiones, pese a ser de hecho su presidente, tampoco lo podrá hacer Ernest Maragall. Otros secretarios del Departamento de Presidencia darán fe de los acuerdos que se tomen en estas reuniones.

Ernest Maragall alegaba que, como secretario del Gobierno catalán, le correspondía levantar acta de estos acuerdos. Pero ayer Bargalló dio el asunto por zanjado y anunció la aprobación de los decretos para la próxima semana.

Como colofón de este agitado inicio de semana, Esquerra y Convergència i Unió han introducido una enmienda al nuevo reglamento de la Cámara por la cual sólo se necesitará la mayoría absoluta del Parlament para retirar en el Congreso un proyecto de ley. Según los socialistas, esta enmienda podría invalidar el acuerdo por el que los cuatro grupos que votaron el Estatuto se comprometieron a no retirarlo de las Cortes sin el aval de todos ellos.