Radiografía de una ocupación

Tres bloques situados en pleno centro de Jun; 20 familias procedentes del polígono del Almanjáyar (uno de los guetos marginales de Granada) que aprovechan el puente de Todos los Santos para ocuparlos; varios inquilinos que, al sentirse amenazados, deciden abandonar el inmueble; cuatro propietarios mayoritarios que mantienen los inmueble en estado de semiabandono; y el Ayuntamiento, que pretende construir junto a las casas ocupadas la futura plaza Mayor del pueblo. Estos son los actores y escenarios de una ocupación masiva cuyos motivos se desconocen y que terminó el pasado jueves con el desalojo de sus protagonistas. Este fue el rol de cada uno de los protagonistas del suceso.

- Los vecinos de los bloques. Los números 4, 6 y 8 de la avenida de Granada de Jun estaban semiabandonados. En el 8 sólo vivía una familia y en los otros dos había al menos diez viviendas vacías. Sólo tres de sus habitantes tenían sus pisos en propiedad: Sergio, un soldado profesional pluriempleado como portero de discoteca, que vive allí con su familia; la pareja formada por Sergio Gallardo (22 años) y Nieves Fernández; y otro joven de entre 20 y 30 años que dijo llamarse Francisco.

Junto a ellos convivían varios inquilinos que decidieron quedarse a pesar de la ocupación masiva. Una limpiadora municipal, su marido y sus tres hijos; una concejala del PSOE; Carlos, de Madrid, y los ocho miembros de su familia; María, una señora de 81 años; y una pareja de inmigrantes chilenos y su prole. Álvaro y María del Carmen que ocuparon ilegalmente su vivienda hace dos años y se empadronaron en Jun el pasado febrero también moraban allí. En esa misma situación se encontraban otros vecinos cuyo número no se ha revelado que decidieron marcharse cuando se produjo la ocupación, según el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz.

Otros inquilinos (24 según dijo inicialmente el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, que luego redujo la cifra a 17) también se marcharon bajo presuntas amenazas de las que ni la juez instructora (la suplente del juzgado de Instrucción número 8 de Granada) ni la Guardia Civil tienen constancia. Sólo cinco de las familias que se fueron lo denunciaron alegando que tenían miedo a los recién llegados, pero no hablaron de coacciones según el subdelegado.

- Los ocupantes. Las primeras ocupaciones se produjeron antes del 7 de octubre, fecha de la denuncia de uno de los propietarios mayoritarios de los bloques que acudió a la Guardia Civil para manifestar que alguien había entrado en tres de sus pisos y había cambiado sus cerraduras. Desde ese momento comienza el goteo de familias procedentes del polígono del Almanjáyar que culmina el pasado fin de semana con la avalancha final. En total se ocuparon 19 viviendas que el juez ordenó desalojar el miércoles. Sus autores aseguraron que no estaba organizado. "En el polígono se corrió la voz de que aquí había casas vacías", dijeron.

Entre los recién llegados se encontraba uno conocido por el sobrenombre de Nenete, que, según fuentes policiales, tiene antecedentes por asuntos de narcotráfico y robo con violencia. Se erigió en portavoz de todos cuando llegaron los periodistas justificando la ocupación porque sus autores habían pedido en repetidas ocasiones viviendas protegidas a la Junta y nunca se las habían concendido.

Óliver, su esposa y sus hijos también alcanzaron cierta notoriedad en sus reivindicaciones, al igual que Gracia, una madre soltera que acató la orden de desalojo llevándose sus muebles en su coche con el que hizo varios viajes de ida y vuelta. Soraya, una adolescente de 16 años con un bebé de menos de un mes, aseguró que si la echaban tendría que dormir en un coche. Cuando la desahuciaron, se marchó en una furgoneta con María, una anciana que manifestó desde la ventanilla del vehículo: "Nos vamos a nuestras casas porque en este barrio no nos quieren".

La fiscalía del TSJA cree que algunos de ellos habrían cometido allanamiento, un delito que no necesita violencia para consumarse y que sólo exige entrar en una casa habitada sin permiso de sus moradores. Los que entraron en pisos vacíos son supuestos usurpadores de inmueble, según el auto del juzgado.

- Los propietarios. Según el auto mediante el que la juez decretó el desalojo, sus propietarios mayoritarios (salvo los tres vecinos dueños de sus pisos) son Alfonso Serrano Torres, Elisa Méndez Fernández de Córdoba, María José Méndez Fernández de Córdoba, Concepción Méndez Fernández de Córdoba, María de las Nieves Montoro de Damas Soriano, Antonio Manuel Méndez Montoro de Damas y Sarcofer S.L.

Uno de ellos, cuyo nombre no ha trascendido denunció la ocupación de varias viviendas el 7 de octubre, denuncia que se amplió 10 días después. Otros tres se personaron en la causa el pasado lunes junto al alcalde, José Antonio Rodríguez, una vez que el suceso había trascendido a los medios de comunicación.

El Ayuntamiento compró el pasado abril los terrenos adyacentes a los bloques ocupados por 1.031.152,50 euros. Los vendedores, según el acta del pleno en el que se aprobó la compraventa fueron los herederos de la familia Méndez Rodríguez Acosta, los mismos dueños de los edificios en cuestión, según el regidor. Ninguno de ellos ha querido manifestar su versión sobre los presuntos delitos de usurpación cometidos en sus inmuebles. Ni siquiera su representante, Manuel Jiménez Carmona.

- El Ayuntamiento. El municipio pretende construir en esos terrenos el que será el proyecto del mandato, según el alcalde, José Antonio Rodríguez. La plaza Mayor de Jun, con un Ayuntamiento ampliado, zonas verdes, aparcamientos y un teatro al aire libre, tendrá como fondo los edificios ocupados. El alcalde niega que detrás del incidente haya intereses urbanísticos o un caso más de acoso inmobiliario, pero desde que se produjo la ocupación masiva, ha sugerido en varias ocasiones que los bloques, situados en uno de los mejores terrenos del pueblo, podrían derribarse. "Desde que ocurrió esto los vecinos no paran de pedirme que los tire", dijo el pasado miércoles.

Una de las opciones que baraja para ese suelo es sumarlo al del solar contiguo para hacer "la plaza más grande de Andalucía". En todo caso, asegura que la decisión final la tomarán los propios vecinos de Jun, en un pleno extraordinario que se celebrará próximamente y al que estarán invitados a participar a través de Internet los vecinos que tengan firma electrónica.

- El alcalde. José Antonio Rodríguez denunció el 29 de octubre que alguien relacionado con los ocupantes le amenazó con un arma. "Si nos impides entrar a los pisos o nos cortas el agua y la luz, te corto yo a ti el cuello", dice que le dijo su agresor. Rodríguez, según su relato, le pidió que se identificara con la intención de denunciarlo, pero en ese momento el hombre, con melena y collares de oro, le mostró supuestamente una pistola automática y tirando del cargador, le dijo: "¿Y si te pego dos tiros?". La Guardia Civil ha identificado a todos los ocupantes pero no ha encontrado a la persona que presuntamente lo amenazó de muerte. La denuncia se produjo cuatro días después de los hechos.

Rodríguez aseguró inicialmente que 24 familias tuvieron que marcharse de sus pisos bajo presuntas amenazas de los ocupantes, aunque el día del desalojo dijo que en realidad eran 17. El subdelegado del Gobierno lo ha desmentido en varias ocasiones al afirmar que los únicos inquilinos que han presentado denuncia -y en ningún caso por amenazas- son cinco.