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La Audiencia archiva el caso contra Alierta al prescribir el delito que se le imputaba

La resolución es definitiva, puesto que no cabe recurso alguno contra ella

La Audiencia Provincial de Madrid archivó ayer el proceso abierto contra el presidente de Telefónica, César Alierta, por un supuesto delito de uso de información privilegiada cuando estaba al frente de Tabacalera (ahora Altadis), del que estaba acusado. El tribunal ha sobreseído el caso por estimar que el delito que se le imputaba ha prescrito, ya que habían transcurrido más de cinco años desde que ocurrieron los hechos hasta que se denunciaron.

La resolución adoptada por los magistrados Pedro Javier Rodríguez, José Manuel Fernández-Prieto (ponente) y Julián Abad es definitiva, puesto que contra ella no cabe recurso alguno.

Los hechos se remontan a 1997. Alierta era entonces presidente de Tabacalera y, según el fiscal, realizó una operación de compra de acciones de la compañía a través de su sobrino y, supuestamente, sabía que iban a subir de precio por dos decisiones que iba a adoptar: la compra de Havatampa, la segunda sociedad fabricante de cigarros de EE UU, y el aumento del precio del tabaco. Los beneficios obtenidos en la operación fueron, añade, 309,9 millones de pesetas (1.862.762 euros).

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón llegó a pedir cuatro años y medio de cárcel para él por uso de información privilegiada. Sin embargo, antes de celebrarse el juicio, la Audiencia Provincial de Madrid ha sobreseído el caso destacando que la máxima cotización de las acciones tras la operación se alcanzó el 26 de septiembre de 1997, y como la querella se interpuso el 22 de noviembre de 2002, el delito ya había prescrito. El tribunal reconoce que las cifras del beneficio obtenido son "mareantes", pero estima que a pesar de ello el plazo de prescripción debe ser de cinco años y no de 10 como pretendían las acusaciones.

Fuentes cercanas a Alierta subrayaron que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Fiscalía del Estado y el Juzgado número 32 de Madrid, por dos veces, habían cerrado la investigación estableciendo que no había existido información privilegiada en la compra de acciones de la antigua Tabacalera y arguyen que la información sobre la intención de comprar Havatampa había sido difundida como noticia el 15 de mayo de 1997 por la mayoría de medios de comunicación. Asimismo, sostienen que la subida del precio del tabaco dependía de Economía y no de la empresa.

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