Vecinos de Jaén acampan para reclamar las 91 viviendas sociales que se les adjudicó hace dos años

Más de la mitad de los adjudicatarios de las 91 viviendas sociales construidas en el norte de Jaén hace dos años iniciaron ayer una acampada indefinida a las puertas del bloque después de que los grupos políticos municipales fueran incapaces durante el pleno ordinario de desbloquear un conflicto enmarañado por su complejidad administrativa y judicial. El alcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar (PP), rechazó durante el pleno realizar una nueva adjudicación de los pisos, tal y como demanda la Delegación de Obras Públicas (que fue quien los construyó) y el grupo socialista, que ayer planteó una moción en ese sentido en base a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimando el recurso interpuesto por la asociación de vecinos expansión Norte, del barrio donde se han construido las viviendas.

"De aquí no nos iremos hasta que nos entreguen las llaves de nuestras viviendas, si tenemos que comernos las uvas aquí nos las comeremos", manifestó tajante Dulcenombre León, una de las afectadas que ayer inició la acampada. Estos vecinos, que se oponen de plano a una nueva adjudicación de los pisos, descartaron, no obstante, ocupar las viviendas, tal y como ha ocurrido en la localidad granadina de Jun, por desconocer cuál es la vivienda asignada a cada familia. "El PSOE debe abandonar su posición y mediar ante Obras Públicas para que nos entreguen las llaves", dijo otra afectada, Araceli Armenteros, tras recordar la "precariedad" de las familias.

La moción del PSOE, rechazada por la mayoría del PP, pedía dejar sin efecto la anterior adjudicación y adoptar un nuevo acuerdo con un nuevo baremo en el que se prime a los ocupantes de viviendas en mal estado y con necesidades de rehabilitación en el casco antiguo jiennense, reservando otros cupos para menores de 35 años, mayores de 65 años y tres para minusválidos.

De otro lado, el pleno del Ayuntamiento aprobó, con los votos del PP, las nuevas ordenanzas fiscales para 2006, que prevén una subida del 4% para las tasas y una congelación de los impuestos y de los precios públicos.