La Vila desoye a Costas y autoriza siete bungalós en zona de dominio público

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gobernado por el PP, ha desoído una resolución de la dirección general de Costas que advierte de la ilegalidad de una urbanización en la Cala del Bol Nou (al sur el municipio) por invadir la zona de protección pública marítima-terrestre. El Consistorio mantiene que la obra es legal y ha autorizado al promotor a levantar siete bungalós. Los ecologistas han instado al Servicio de Costas de la Generalitat a que paralice las obras.

En 1988, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Costas, la cala del Bol Nou, incluida en el futuro plan parcial Parais, contaba con una zona de servidumbre de protección de 100 metros. En base a esos datos, el Ayuntamiento de La Vila inició la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). No obstante, en 1999 cuando fue aprobado finalmente el documento la zona de protección de la Cala del Bou Nou se había rebajado de los 100 a 20 metros.

De acuerdo a los parámetros de protección para la zona sur de la costa recogidos en el PGOU, el Ayuntamiento otorgó en marzo de 2004 licencia de obras a la constructora local Prom 95, SL, para construir siete bungalós en la cala del Bol Nou. En diciembre del mismo año y a raíz de una denuncia a la dirección general de Costas formulada por el grupo ecologista Xoriguer, el promotor interrumpió los trabajos.

Los ecologistas, aparte de destacar el negativo impacto de la urbanización en el entorno (un paraje de gran valor paisajístico) denunciaron que el Ayuntamiento había alterado la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre en la Cala del Bol Nou al unificar estos terrenos con el suelo del plan parcial del Montiboli. Este último sí contaba, antes de 1988, con una anchura de protección de 20 metros.

El organismo estatal abrió un expediente. En el apartado de servidumbre, la resolución de Costas dice: "En los planos que le fueron facilitados al Ayuntamiento para la tramitación del Plan General se grafió una anchura de 100 metros para la zona de servidumbre de protección en las proximidades del Mojón M-86 (Cala del Bol Nou) y de 20 para el resto del tramo". "Según la documentación del Plan General obrante en este servicio, los terrenos contiguos al citado deslinde están afectados en un anchura de 20 metros por la servidumbre, sin que conste en nuestro expediente que el Ayuntamiento se manifestara en contra de la anchura dibujada por este servicio provincial. Se observa una discrepancia entre la anchura de la zona de servidumbre de protección aportada por este servicio [la dirección general de Costas] y la que aparece en el plano del Plan general", añade. La resolución de Costas concluye: "Este servicio no tiene constancia de que las obras que se han iniciado en las proximidades del mojón M-86 dispongan de la autorización establecida en el artículo 48.1 del Reglamento General de la Ley de Costas".

El grupo Xoriguer trasladó la resolución de la dirección general de Costas al organismo homónimo de la Generalitat Valencia, Administración competente, en última instancia, para acordar la paralización de las obras. "Nuestro objetivo es que el Servicio de Costas de la Generalitat se pronuncie sobre qué institución tiene razón y si las obras en cuestión tienen la licencia pertinente, pero todavía no hemos tenido respuesta", afirmó ayer un portavoz del colectivo ecologista.

Xoriguer denuncia, por último, que pese a la advertencia de Costas sobre la ilegalidad de la urbanización, el promotor retomó las obras -trabajos preliminares de desmonte del terreno- el pasado 4 de octubre.

El Ayuntamiento de La Vila respondió a la denuncia de los ecologistas que defendía la legalidad, en base al PGOU, del proyecto. Ayer, este periódico intentó sin éxito recabar la opinión del alcalde, José Miguel Llorca, sobre la resolución de Costas. Llorca jalona su gestión urbanística con un cúmulo de proyectos supuestamente irregulares. El de mayor calado ha sido el hotel Atrium Beach, también en primera línea del mar. Este expediente ya ha sido cerrado por el Consell con una orden de demolición del exceso de obra y una multa de 12 millones de euros. El promotor ha acatado la orden, y ejecutará el derribo y pagará la multa.