Justicia reclama la disolución de 44 fundaciones y pide que 100 más no tengan exenciones fiscales

El Departamento de Justicia de la Generalitat desea que el funcionamiento de las fundaciones sea más transparente y prepara un cambio de la ley para que en realidad sean entidades sin ánimo de lucro. Hasta ahora, ya ha logrado que los jueces declaren la disolución de 20 fundaciones y ha iniciado los trámites para que suceda lo mismo con otras 24 entidades. Al mismo tiempo, ha facilitado una relación a los responsables de Economía de los gobiernos central y autónomo para que otro centenar de fundaciones dejen de tener exenciones fiscales porque no están funcionando como tales.

En Cataluña están registradas más de 2.000 fundaciones de todo todo tipo. A diferencia de lo que sucede en el resto de España, donde la ley es distinta, en Cataluña sólo existen fundaciones privadas. Los responsables del Departamento de Justicia consideran que son demasiadas y que la ley que las regula, que data de 2001, ha permitido su proliferación por los escasos requisitos que se necesitan para crearlas. También opinan que durante los gobiernos de CiU la propia Administración autonómica ejerció un control muy laxo sobre las fundaciones, en cuanto responsable del protectorado que ha de velar para que estas entidades cumplan la función para la que fueron creadas.

Las fundaciones son entidades que, en teoría, se constituyen para administrar un patrimonio y dedicarlo al interés general. Lo que ha ocurrido en muchos casos es que, en la práctica, se han constituido fundaciones que se han beneficiado durante años de exenciones fiscales sin desarrollar ninguna actividad y no han presentado sus cuentas. También se producen casos en los que las fundaciones no funcionan de manera democrática y no se separan los órganos de dirección de los de gobierno, de tal forma que el presidente del patronato es también el de la fundación, como ocurre actualmente en la Fundación Puigverd de Barcelona.

"Lo que pretendemos es poner orden en toda esta situación, que sólo queden las fundaciones que cumplen ese fin y que sean más transparentes", asegura Xavier Muñoz Puiggròs, director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat.

Desde la llegada del tripartito al poder, se han modificado dos artículos de la ley. La nueva redacción del 31.3 permite ahora que cualquier ciudadano pueda consultar las cuentas que presente una fundación, mientras que hasta entonces sólo podían hacerlo quien acreditase "un interés directo y personal". También se ha cambiado la redacción del artículo 28.1, que obligaba a las fundaciones a protocolorizar sus libros ante el Departamento de Justicia. "La marca no es un plus de seguridad jurídica. Queremos evitar formalismos innecesarios", afirma Muñoz.

Al margen del cambio de la ley, también han variado algunos criterios que se venían aplicando. En ningún artículo está escrito, pero la Administración de CiU permitía crear una fundación con una cuantía mínima de 6.000 euros y ahora se exige un mínimo de 30.000. Actualmente, además, se tiene en cuenta si el proyecto que se presenta resulta viable, antes de autorizar la inscripción.

Nuevo Código Civil

La modificación legislativa que ultima el Departamento de Justicia entrará en el Parlament a principios de año, coincidiendo con la elaboración del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, que se refiere a las personas jurídicas. En el nuevo articulado de la ley de fundaciones se concretará la cuantía mínima exigida para crear una y otros requisitos propios de la función del protectorado, como la exigencia anual de rendición de cuentas para comprobar si las actividades de las fundaciones se ajustan o no al fin con el que se crearon.

"Queremos acabar con ese aumento indiscriminado de las fundaciones que, en algunos casos, funcionan como asociaciones", afirma Xavier Muñoz. De ahí la decisión de Justicia de acudir a los tribunales para reclamar su disolución cuando se demuestre que una fundación está "muerta o inerte", han caducado los cargos o no ha rendido cuentas.