La plataforma alerta de que los pisos protegidos no estarán en Rabassa al alcance de quien los necesita

La plataforma contra el plan de Rabassa -urbanización de 4,2 millones de metros con 15.000 viviendas junto a la Universidad de Alicante- advirtió anoche de que el proyecto se justifica "inmoralmente" por la necesidad de construir viviendas de protección oficial (VPO) que serán inaccesibles para los colectivos más desfavorecidos. Según el Ayuntamiento, con Rabassa ya se garantizan viviendas sociales para los próximos 20 años. La plataforma contraria al plan volvió a realizar ayer un llamamiento para "detener" este proyecto tramitado al margen del PGOU.

"Defender el plan por las necesidades de VPO es una inmoralidad"

El sindicato CC OO, que ejerció de anfitrión en un coloquio celebrado anoche para debatir las alegaciones de la plataforma contra Rabassa, se posicionó, en boca de su responsable en Alicante, José de la Casa, radicalmente en contra del proyecto. "Defender el plan por las necesidades de VPO [9.000 protegidas y 6.000 libres] es una inmoralidad hacia los colectivos que han estado tantos años olvidados [durante las tres legislaturas que gobierna el PP en en Alicante no se han construido viviendas sociales]", declaró. De la Casa resaltó que si de verdad existiera interés por favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos desfavorecidos, se les reservaría a éstos el 50% de las viviendas del soterramiento del ferrocarril y del barrio de La Sangueta.

Para el sociólogo Carlos Gómez Gil, las VPO no son más que una "gigantesca excusa" para sacar Rabassa del Plan General. Rabassa es ahora el único programa social de vivienda, con lo que "se abandonan a las manos del mercado, a las de un promotor, las políticas públicas en materia de vivienda". Según el sociólogo, los colectivos con menos recursos, como los jóvenes y los inmigrantes, van a quedar fuera de las VPO de Rabassa. "Se les deja fuera y con un futuro muy incierto, porque se dice que estos colectivos ya no van a tener alternativas".

Ni siquiera cuenta el plan Rabassa con un estudio sobre las necesidades de VPO, según la plataforma, ni sobre su impacto social. "Nosotros sostenemos que va a tener extraordinarios costes sociales para el conjunto de la ciudad y del área metropolitana", dijo Gómez.

La plataforma, integrada por catedráticos y profesores de la Universidad de Alicante y miembros de varios colectivos cívicos de la ciudad, recordó anoche que sus alegaciones no pretenden enmendar el macroproyecto adjudicado al potente promotor Enrique Ortiz, sino justificar que debe paralizarse de inmediato y suspenderse el expediente de homologación, el plan parcial, el PAI y el anteproyecto de urbanización, así como de la adjudicación del programa a la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, SL. Según el profesor Manuel Alcaraz, las alegaciones, plasmadas en un documento de 81 folios, no pretenden mejorar el proyecto, sino justificar jurídica y socialmente que no debe ejecutarse por tratarse de una acción "aberrante y desequilibradora de la ciudad". En alusión a una de las alegaciones del grupo socialista, que propone la creación en Rabassa de una universidad medioambiental, Alcaraz señaló: "No vale un mirador para pájaros", sino la suspensiòn del plan.

En la mesa, además de José de la Casa, Alcaraz y Carlos Gómez, se sentaron el catedrático de Arquitectura José Ramón Navarros, el arquitecto Manuel Ayús y el ecologista Carlos Arribas, quienes desgranaron diversos argumentos contrarios al plan. Al coloquio sólo asistió una concejal del Ayuntamiento de Alicante, Susana Sánchez, de Esquerra Unida.

Entre la legislación que, según la plataforma contra el proyecto, se vulnera en el Plan Rabassa están las directivas comunitarias 79/409/CEE de 2 de abril, 92/43/CEE, 97/62/CEE de 27 de octubre y 2000/60/CE de 23 de octubre, sobre recursos hídricos y protección de los ecosistemas, debido al uso que tendrían las lagunas de la zona.

Para Navarro Vera queda claro que Alicante sí tiene modelo de ciudad y que Rabassa es su paradigma: "El urbanismo del promotor".