Los servicios de bienestar social llegarán a un millón de personas

La Generalitat pretende que en el plazo de cinco años cerca de un millón de personas sean beneficiarias de algún servicio social en Cataluña. Esta cifra supone un incremento del 30% respecto a los ciudadanos atendidos hoy y es uno de los objetivos de la Ley de Servicios Sociales, cuyo anteproyecto fue presentado ayer por la consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó (ERC).

La nueva ley garantizará la prestación de servicios con independencia del nivel de renta. Con la normativa vigente, que data de 1985, amplios sectores de la clase media quedan excluidos del sistema porque su renta excede de la exigida. Al mismo tiempo, no disponen de ingresos suficientes para acudir al sector privado. Con la nueva norma se pretende corregir esta anomalía. Según explicó Simó, la Generalitat aceptará todas las solicitudes y después calculará qué parte del coste del servicio debe abonar el ciudadano, en función de su renta.

Este sistema -el copago- se aplicará a los servicios especializados, como las residencias y los centros de día para la tercera edad. Además, cambia la forma de medir la renta: ya no se mirarán los ingresos de la unidad familiar, sino sólo los de la "persona usuaria" del servicio. Esto significa que, en el caso de las residencias o los centros de día, la Administración evaluará las pensiones de los ancianos y no el salario que perciban sus hijos o nietos.

La consejera subrayó que la normativa marcará "un antes y un después en la atención social" porque, según explicó, supone un salto del modelo asistencial actual a otro garantista y universal. Lo que Simó presentó es sólo el anteproyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Gobierno y más tarde, previsiblemente en la primavera de 2006, por el Parlament.

Cartera de prestaciones

Simó se comprometió a que la normativa vaya acompañada de una "cartera de prestaciones" desde que entre en vigor. El director general del Instituto Catalán de Servicios Sociales, Martí Masferrer, avanzó algunas de ellas: la teleasistencia, la atención a menores con discapacidad en centros de atención precoz y la creación de "centros ocupacionales" para personas disminuidas que hayan concluido la educación especial. Simó dijo que la intención es ir incorporando nuevos servicios hasta alcanzar el centenar "en seis o siete años".

El borrador también prevé asignar a cada usuario un "profesional de referencia" que le orientará en las gestiones que deba realizar. Además, establece una "red única" para que "las administraciones no se pasen la pelota unas a otras", dijo Simó. "Esta ley no es una entelequia, tendrá recursos". Simó aseguró que el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a Bienestar y Familia permitirá costear estos servicios. La consejera espera que los presupuestos de 2006 impliquen un incremento del 13% respecto a la cantidad destinada al departamento el año pasado, que ascendió a 1.168 millones de euros.