La Comunidad forzó a la familia del alcalde de Pedrezuela a ceder un solar con 26 casas

La Audiencia de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio por prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos contra el alcalde de Pedrezula, José Antonio Chinchón, del PP. El origen del proceso nace con la decisión del Ayuntamiento de Pedrezuela de permitir a una asociación de personas disminuidas que levantara una granja escuela y 26 casas adosadas en unos terrenos no urbanizables propiedad en gran parte de la madre y de un tío carnal del regidor. El regidor ha reconocido que su familia tuvo que ceder los terrenos a la Comunidad para que ésta diera luz verde al proyecto.

Lo primero que se levantó ilegalmente en esos terrenos, en 1999, fue una granja escuela. Los 26 adosados para la residencia de disminuidos, cuyas obras están prácticamente acabadas, comenzaron a construirse después, en 2003.

Fue una denuncia de los concejales del PSOE en Pedrezuela, localidad próxima a los 3.000 habitantes, la que dio la voz de alarma. El asunto llegó a la Comunidad de Madrid, que lo analizó y ordenó derribar la granja. El terreno no era urbanizable y además estaba protegido por la Ley 16/95 Forestal y de Protección a la Naturaleza.

Antes de que la granja fuese derribada, la Comunidad modificó en 2002 el plan de ordenación de sus recursos naturales y otorgó "un carácter social" a los terrenos en los que se enclavaba la granja. Y aprovechando ese carácter social otorgado al terreno, la Comisión de Gobierno Municipal también dio el visto bueno para que en esa misma parcela (unos 36.000 metros cuadrados) se construyesen 26 casas adosadas como albergue de los disminuidos.

Al iniciarse las obras de las casas, los agentes forestales de la zona y el PSOE denunciaron el asunto ante el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio. Éste comenzó a indagar y comprobó que entre el Ayuntamiento y los responsables de la residencia existía una suerte de acuerdo que permite que el terreno en cuestión (y, obviamente, lo construido sobre él) revirtiese a la madre y al tío del alcalde pasados 20 años. Lógicamente, en herencia, una parte de esa finca pasaría directamente a manos del regidor. Mientras tanto, la residencia pagaría 3.600 euros anuales a la familia del alcalde por el arrendamiento de ese terreno.

El pasado mes de julio, cuando ya el asunto estaba judicializado y se avecinaba el juicio, la Comunidad de Madrid impuso, para dar luz verde al proyecto, la eliminación de ese acuerdo. Es decir, obligó a que la familia del alcalde cediese los terrenos a la Comunidad. La familia, antes del verano (y tres meses antes del juicio), formalizó una escritura en la que efectivamente cede esos terrenos.

El director general de Urbanismo de Madrid, Enrique Porto, que compareció como testigo en el juicio, reconoció que la Comunidad impuso que los terrenos debían ser públicos, y que sólo se le daría cobertura legal al proyecto si se producía la cesión de los terrenos por parte de la familia del alcalde. Porto añadió que, cuando el Ayuntamiento dio luz verde a la granja, la decisión no se ajustaba a derecho, puesto que atribuía "un uso residencial a un suelo no urbanizable" y de titularidad privada.

Juicio

Durante el juicio, el alcalde ha atribuido lo ocurrido a una campaña política contra él. Aseveró que la citada asociación de disminuidos buscaba un terreno para construir una granja avícola y unos equipamientos sociales. "Los arquitectos recorrieron el municipio y eligieron la finca de la que mi madre y mi tío eran propietarios, entre otras. Yo no señalé el terreno que había que elegir", indicó el regidor. Matizó que en un primer momento el proyecto de la asociación sólo contemplaba la construcción de una granja escuela y un equipamiento social en un terreno rústico y que la edificación de las 26 viviendas se pensó después de que la asociación firmara un convenio con la Consejería de Medio Ambiente.

Francisco Esquivé, presidente de la asociación, manifestó que el Ayuntamiento "no obligó a construir la granja" en el terreno de los familiares del edil de Pedrezuela. Y declaró que se enteró por el consejero de Medio Ambiente de que se iban a paralizar las obras por falta de licencias y que la única forma de solucionarlo era cediendo el terreno a la Comunidad.

En unas declaraciones que hizo a este periódico, el regidor señaló que los terrenos pertenecían "a numerosísimas personas" y no sólo a su madre y a su tío, y que la denuncia de los agentes forestales obedecía a "una venganza política". El fiscal Valerio ha indicado que los 26 adosados se han levantado justamente sobre los terrenos de la familia del edil.

El abogado defensor del alcalde pidió su absolución. Señaló que en esta operación no había habido ningún ánimo lucrativo por parte de su cliente puesto que los terrenos han sido cedidos a la Comunidad.