Ciudadanos de presente, no de futuro

Constantemente los periódicos se hacen eco de noticias relacionadas con la violencia ejercida por o hacia los niños. Niños que sufren abusos, que maltratan a sus compañeros, que cometen actos atroces... parece que la violencia está presente en nuestra vida cotidiana.

En España ya se prohíben las diferentes formas de violencia ejercida hacia los ciudadanos; en el Código Penal, la Ley de Protección del Menor, la Ley contra la Violencia de Género y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Entonces, ¿por qué se debate sobre el castigo físico? La respuesta está en los artículos 154 y 268 del Código Civil, que establecen el derecho de los padres a "corregir razonable y moderadamente" a sus hijos. La legislación deja una puerta abierta a utilizar el castigo físico, pues no define si un cachete o similar es razonable o moderado como forma de disciplina familiar.

Debemos desterrar definitivamente la idea de que los hijos son propiedad de los padres

Está claro que los valores sociales predominantes en nuestra cultura y en otras sociedades aceptan y asumen como apropiada esta práctica que vulnera la dignidad humana y daña la integridad física. Esta idea se sustenta en datos de los últimos años: el 52,2% de los españoles cree necesario pegar "algunas veces" a los niños (Barómetro del CIS, marzo 2004); sólo 15 de los 191 países que han ratificado la CDN en el mundo han prohibido todo tipo de castigos corporales a los niños (Eliminating corporal punishment, Unesco 2005) y el 27,7% de los padres encuestados reconoce haber pegado a sus hijos en el último mes (Violencia en ciudades de América y España, 1998). Si a esto le sumamos la existencia de un ideario colectivo que minimiza los efectos del castigo físico argumentando que nadie se ha traumatizado por haber recibido un cachete de pequeño, nos encontramos con un escenario proclive a justificar la violencia hacia la infancia.

Es preocupante que aceptemos la legitimidad del castigo físico de los padres o tutores hacia los menores de edad, cuando lo rechazamos sin dudarlo al referirnos al profesorado. No entiendo que, siendo tan claro el rechazo y la prohibición de cualquier tipo de violencia o agresión física ejercida hacia los adultos, todavía dudemos de su práctica en el entorno familiar. Ya no se cuestiona que una bofetada a una mujer es inadmisible, pero con los niños y niñas no es tan claro. ¿Acaso merecen menor consideración que el resto de los ciudadanos?, ¿acaso en las empresas se dan cachetes a los empleados para corregir "razonable y moderadamente" a sus empleados?, ¿acaso la educación en el hogar debe salirse de las normas acordadas en un Estado de derecho?

La familia es un ámbito privado donde los padres y las madres tenemos la responsabilidad, el derecho y el deber de educar a nuestros hijos. Debemos desterrar definitivamente la idea de que los hijos son propiedad de sus padres. La sociedad en su conjunto debe responsabilizarse de asegurar las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los más pequeños aquí y ahora, pues éstos no son ciudadanos de futuro, sino de presente. Viven, piensan, sienten, son y están hoy, no son una inversión de futuro.

La utilización del castigo físico está relacionado con la falta de recursos educativos de los padres/tutores, con la banalización e interiorización de la violencia, con la frustración de los adultos ante situaciones para las que no se han preparado suficientemente. Los padres ni podemos ni debemos delegar nuestra responsabilidad, elegida en la mayoría de los casos, de educar a unos hijos que hemos decidido traer al mundo, y no podemos abusar de nuestra posición de poder. Si nos preparamos para ejercer nuestras responsabilidades profesionales, ¿por qué damos tan poca importancia a una función vital como es el ejercicio de una paternidad responsable?

Pero las madres y los padres no estamos solos, el Estado debe respetar nuestra responsabilidad para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la CDN. Debe tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas con el fin de asegurar su bienestar, eliminando cualquier vestigio de permisividad ante la violencia en las familias. No se trata de buscar culpables, sino de construir una sociedad sin violencia.

Organizaciones internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Unesco, el Consejo de Europa e instituciones como el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y la Plataforma de Organizaciones de Infancia, entre otros agentes sociales, han recomendado en varias ocasiones modificar los artículos 154 y 268 del Código Civil para aclarar que en ningún caso corregir significa hacer uso del castigo físico u otra forma de violencia, debiendo promoverse, al tiempo, otras formas de disciplina.

Es imprescindible incorporar en las familias estrategias educativas que ayuden a los niños en su aprendizaje y desarrollo vital, reforzando permanentemente los comportamientos adecuados, optando por la resolución constructiva de los conflictos, otorgándole responsabilidades adecuadas a su edad, haciendo que se sientan parte importante de la unidad familiar. Es necesario diseñar estrategias desde todos los ámbitos para trabajar por la promoción del "buen trato a la infancia", por el conocimiento, respeto y aplicación de los deberes y derechos de la infancia, por la promoción de la participación de los niños en los temas que les afectan y por el aprendizaje de la responsabilidad de "ser padres".

En definitiva, se trata de erradicar la violencia de todos los ámbitos de la vida y de reconocer, al fin, a las personas menores de edad su condición de ciudadanos de pleno derecho.

Ángel Hernández Martín, licenciado en Psicología, es director técnico de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.