Una pica al sur del río Bravo

"Atractivo y complejo". Éstas son las dos principales características del mercado mexicano para la inversión extranjera, en opinión de Mariano Muela, consejero económico y comercial de la Embajada española. Un mercado grande (105 millones de habitantes) en crecimiento, 700.000 millones de dólares de producto interior bruto (PIB), dos millones de kilómetros cuadrados de superficie, una población joven y un mercado estable. Además, México posee rango de inversión (investment grade), que atrae inversión de cartera, el riesgo país está en mínimos históricos (1,2 puntos), es país miembro de la OCDE, la previsión de inflación para el cierre del año es del 3,5%, el déficit público se sitúa en torno al 0,2% del PIB y el déficit de la balanza de cuenta corriente es del 1,3% del producto interior bruto. Las empresas españolas se han decidido a invertir allí.

La balanza comercial hispano-mexicana ha sido favorable a España en los últimos cuatro años, con un saldo de 650 millones de dólares en 2004

La inversión española en el mercado mexicano supone el 48% de la Unión Europea y el 12% del total en el periodo 2000-2004

Las empresas españolas se han mostrado muy competitivas, a pesar de las limitaciones, en proyectos de transmisión del sector eléctrico

Los bancos están en condiciones, tras la 'crisis del tequila', de ofrecer préstamos en un contexto de progresiva reducción de tipos de interés

El Tratado de Libre Comercio es utilizado como paraguas para introducir productos españoles en EE UU sin pagar aranceles tan altos

México tiene solidez económica y también solidez política. Es un país abierto al exterior que ha firmado 12 tratados de libre comercio con otras tantas naciones y bloques económicos (caso de la Unión Europea), con necesidades insatisfechas por la inmadurez de su mercado, y estratégicamente situado entre Estados Unidos y Centroamérica.

Este cuadro positivo de México tiene contrastes, que invitan a la cautela a la hora de hacer negocios en este país. En primer lugar, se trata de un mercado tremendamente complejo, donde la inseguridad es, según diversas fuentes consultadas, el obstáculo que más amedrenta a los inversores. Inseguridad ciudadana e inseguridad jurídica (descrita con el eufemismo de "dificultades operativas") son moneda corriente en un país donde, paradójicamente, prima el formalismo de la regulación excesiva sobre el sentido común.

La abundancia de normas suena a ironía en un sistema judicial que el diario Reforma ha descrito como "ciego, cojo, manco y mudo". La falta de garantías en este ámbito se debe, esencialmente, a la incompetencia el sistema judicial mexicano. "Los procedimientos son anquilosados, formalistas, burocratizados, lentos y poco preparados para problemas de negocios complejos. Son una traba para la inversión", señala un asesor de empresas españolas.

Entre los tremendos contrastes mexicanos resalta la fuerte dependencia comercial de Estados Unidos, y los 27 millones de personas (30% de la población) que viven en el umbral de la pobreza.

El primer mercado

Así es el mercado mexicano. La inversión española supone el 48% de la inversión de la Unión Europea (UE) y el 12% del total en el periodo 2000-2004, según datos del Ministerio de Economía de México. España ocupa como país inversor en México el primer lugar de la UE y el segundo a nivel mundial detrás de Estados Unidos. En el periodo 1994-2004, la inversión extranjera directa fue de 164.650 millones de dólares, de los que 93.298 millones correspondieron a EE UU, y 13.996 millones a España. México es el primer mercado español en América Latina.

La balanza comercial hispano-mexicana ha sido favorable a España en los últimos cuatro años, con un saldo de 650 millones de dólares en 2004.

Tras décadas de un régimen político autoritario y una economía protegida y autártica, México está en pleno proceso de apertura y liberalización, aunque tiene todavía camino por recorrer. La energía, las telecomunicaciones y los medios electrónicos siguen cerrados en buena medida a la inversión extranjera, a falta de reformas estructurales que ningún Gobierno se ha atrevido a realizar.

A pesar de los límites a la inversión extranjera, empresas españolas se han mostrado muy competitivas en el sector eléctrico en proyectos de transmisión (Dragados, Abengoa, Elecnor, Isolux) y de generación (Unión Fenosa e Iberdrola). Mediante un sistema de contratos conocido como Independent Power Producer (IPP), equivalente a productores independientes de energía. La Comisión Federal de Electricidad saca a concurso, por ejemplo, una licitación para generar energía bajo un esquema de concesión, manteniendo la propiedad mexicana. Gana el concurso la empresa que vende el kilovatio más barato. Por esta vía, Iberdrola ha invertido entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en un proyecto de 5.000 megavatios, y Unión Fenosa otros 2.000 millones de dólares por la generación de 1.800 megavatios.

Otras empresas tropiezan con dificultades por parte de los reguladores federales. Es el caso de Gas Natural, que se queja de la competencia feroz de los productores locales, con el respaldo de ayuntamientos y gobiernos estatales. Los contratos de servicios no siempre se respetan cuando hay un cambio de gobierno en un Estado. "El gobierno de turno revisa el contrato y puede que dé por concluida la concesión", asegura una fuente que prefiere guardar el anonimato.

En el sector petroquímico, algunos analistas estiman que en los próximos 10 años México requerirá, inevitablemente, inversiones no inferiores a los 70.000 millones de dólares. La duda es cómo llegará esta inyección de dinero sin reformar la Constitución, que cierra el paso a la inversión privada en el sector. La presencia de Repsol-YPF en México es más simbólica que real, a la espera de que una eventual apertura del sector le permita participar, por ejemplo, en proyectos de prospección de nuevos yacimientos en aguas profundas. La petrolera española dispone de la tecnología especializada que no tienen los mexicanos. De momento, Repsol-YPF ha firmado un contrato de servicios múltiples de obra pública, financiado por el sistema Pidiregas (proyectos de inversión directa con registro diferido del gasto). Mediante este mecanismo las empresas extranjeras contribuyen en la financiación de obras públicas, que el Estado reingresa poco a poco al ritmo con que aumenta la deuda pública.

El empresario español Alejandro Sampelayo, consejero delegado de Procointer, dedicada a servicios de comercio exterior, apunta que las energías alternativas son un nicho de oportunidad para empresas españolas. Gamesa Eólica ha ganado un concurso para la construcción de un corredor eólico en el Istmo de Tehuantepec -La Venta II-, en el Estado de Oaxaca, para poner en marcha un gran programa de generación de energía eléctrica. Se trata de una inversión de 100 millones de dólares en una de las zonas de mayor energía eólica del mundo.

Oleada inversora

Durante la última década, la primera oleada de inversiones españolas en los sectores industrial y financiero se produjo a partir de 1998, superados los coletazos de la crisis económica de 1995 conocida como efecto tequila. En el sector de telecomunicaciones, donde Telefónica mantiene una posición dominante en varios países de América Latina, el gigante español no ha conseguido plantar cara a Carlos Slim, primera fortuna de México y amo y señor de la telefonía mexicana de la mano de Telmex. Las barreras legales en varios Estados no han podido ser superadas por la empresa española, que acusa a su competidora Telcel (propiedad de Slim) de abuso de posición dominante y de aprovecharse de una regulación acorde con sus intereses.

Telefónica adquirió en marzo de 2002 el 65% de la operadora de telefonía celular Pegaso, con fuerte presencia en los Estados del norte de México. La operación supuso una inversión de 70,5 millones de dólares y convirtió a Telefónica Móviles en la segunda empresa de celulares con ambiciones de seguir invirtiendo en aparatos de tercera generación. Pero la telefonía fija sigue siendo un coto privado del gran magnate mexicano.

A partir de 2001 se produce la segunda oleada de inversiones españolas, con la llegada de un buen número de pequeñas y medianas empresas. México está situado en una posición estratégica, que para los nuevos inversores españoles es una buena vía de entrada a Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC). El tratado es utilizado como paraguas para introducir productos españoles en EE UU sin pagar aranceles tan altos. Entran como empresas mexicanas de capital español. Quienes se están aprovechando de esta situación son las empresas de componentes electrónicos que llegaron a México de la mano de Telefónica, por el llamado efecto arrastre, y que ahora están en condiciones de convertirse en suministradores a operadores estadounidenses a precios competitivos.

Francisco Martínez Boluda, abogado del despacho Uría Menéndez en México, subraya que el futuro es del sector inmobiliario. Por una parte, el mercado español empieza a saturarse, mientras que el mexicano inicia un proceso a la inversa gracias a la recuperación del crédito, que estaba cerrado desde la crisis del tequila. Diez años después, las entidades vuelven a estar en condiciones de dar préstamos en un contexto de progresiva reducción de los tipos de interés y el consiguiente abaratamiento del dinero. El tipo básico de redescuento del Banco Central es a partir del 8,8%. Los créditos hipotecarios rondan el 15%, con tendencia a disminuir.

Banca y vivienda

Promotores inmobiliarios españoles llegan a México con proyectos de vivienda media y residencial en una primera fase, para promover a medio plazo viviendas sociales, la más requerida por las grandes masas empobrecidas. El Grupo LAR tiene un proyecto de promoción de viviendas sociales en Ciudad de México, y ha desembarcado en el sector residencial en gran parte del país.

Los bancos empiezan a diversificar sus acciones. Caja Madrid ha comprado la sociedad Mi Casita, para préstamos hipotecarios. "El crédito y el boom del sector inmobiliario dinamizarán la economía", pronostica Martínez Boluda. El BBVA-Bancomer y el Banco Santander-Serfin, las dos grandes entidades españolas que controlan el 60% del sistema bancario, ya están otorgando créditos.

El sector hotelero, inversión tradicional española en la Riviera Maya y en el Pacífico (Acapulco y Puerto Vallarta) y en los hoteles de paso de la capital, cobra hoy un nuevo impulso. Francisco Medina, director general de Hoteles NH en América, explica que el 65% de las 50.000 habitaciones disponibles en la Riviera Maya y Cancún es de capital español. Cadenas como NH, Sol Meliá, Riu, Barceló, Iberostar, Oasis y Occidental siguen apostando por México. La costa atlántica es una zona muy rentable, asegura Medina, que menciona como punto negro de la inversión algunos casos de "irregularidades en la certidumbre jurídica de la propiedad" en la Riviera Maya. En hoteles urbanos, la cadena NH apuesta por ciudades como el Distrito Federal, donde ha inaugurado un establecimiento en el centro histórico, Veracruz, Puebla, Guadalajara y Monterrey.

Las empresas españolas del sector llegan con sus propias constructoras y con buena financiación de bancos y cajas españolas. Quintana Roo (Cancún) es la zona más apreciada. Hay en marcha varios proyectos de hoteles que rondan los 400 millones de dólares cada uno. El Grupo Globalia proyecta construir un hotel-resort de 2.000 habitaciones en Tulum. Este consorcio turístico, propietario de Air Europa, con cinco frecuencias semanales del vuelo Madrid-Cancún, y de la agencia de viajes Halcón, pretende adquirir con el empresario local Olegario Vázquez Raña, la compañía Aeroméxico.

La próxima oleada de inversiones españolas, según vaticina el consejero comercial Mariano Muela, se dirigirá a las infraestructuras. En dicho sector, los proyectos público-privados, conocidos popularmente como PPP, permiten nuevas fórmulas de inversión mixta bajo el paraguas de la ley mexicana. Dentro de esta categoría, están en marcha la fase 1 del proyecto Jorobas-Ecatepec, con la construcción de una carretera en el occidente del Estado de México por parte de Obrascon Huarte Laín (OHL), sexto grupo constructor español, con una inversión de 300 millones de dólares; y la concesión del tren suburbano de la Ciudad de México, adjudicado a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que invertirá otros 300 millones de dólares.

Ventaja comparativa

"España tiene una ventaja comparativa importante en el sector de infraestructuras, sobre todo en obras pública", subraya el abogado Martínez Boluda, con una amplia nómina de empresas españolas en su cartera de clientes.

Una vía indirecta para inversiones españolas serán, en opinión de Alejandro Sampelayo, los proyectos de prestación de servicios (PPS) dedicados a la construcción y operación gerencial de hospitales, universidades, autopistas y centros penitenciarios. "Son sociedades de propósito específico, formadas por empresas de distintos rubros", señala el empresario español. Compañías como Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), OHL, Entrecanales y Cubiertas México-Necso y el Grupo Dragados toman posiciones para participar en la nueva oleada inversora.

El futuro político ante un eventual triunfo del ex alcalde del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales del año próximo no preocupa especialmente a los inversores españoles, a juzgar por los testimonios recogidos. Un destacado banquero con grandes intereses en México confesó recientemente a su paso por esta capital que una victoria de López Obrador no le producía intranquilidad, por considerar que el margen de maniobra para cualquier gobierno es muy limitado, y no permite aventuras. "El factor AMLO

[iniciales del ex alcalde] no está pesando. Hay tranquilidad", apunta Martínez Boluda. "México tiene un tratado de libre comercio y está en la órbita de Estados Unidos. Veamos el ejemplo de Brasil. El efecto Lula predomina sobre el efecto Chávez", añade. "López Obrador no podrá hacer lo que quiera en el Congreso, porque en ningún caso tendrá la mayoría".

Las quejas se refieren más al presente que al futuro. Políticamente, en las siete décadas que reinó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había reglas, corrupción, pero reglas. Ahora no se sabe. El funcionario está asustado, con temor a violentar la ley. Hay más incertidumbre porque el sistema de partido único se vino abajo. Así se expresan varios empresarios que lamentan la parálisis del Gobierno de Vicente Fox por no haber abordado ninguna de las grandes reformas pendientes: laboral, energética y fiscal, por no mencionar la política.