La Ley del Suelo exime a 143 pueblos de la reserva de solares para edificar pisos baratos

Cuando se han cumplido cuatro años de la aprobación de la última Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya tiene diseñada la que quiere aprobar para sustituirla. La futura norma, que aún debe pasar por el filtro del Parlamento regional, permite que los alcaldes de los municipios de menos de 15.000 habitantes (143) puedan decidir el porcentaje de vivienda protegida que se levantará en sus pueblos. La anterior ley, aún vigente y aprobada por Alberto Ruiz-Gallardón, establecía un mínimo de un 50% de viviendas con protección en todos los municipios de la región.

El Gobierno de Aguirre quiere que el precio de la vivienda se reduzca. Por ello, encargó a un grupo de expertos en urbanismo que le redactase las líneas fundamentales de la futura Ley del Suelo. El resultado, sin embargo, no gustó a la presidenta, ya que proponían la eliminación o la reducción del porcentaje de pisos protegidos. En teoría, y según estos expertos, los promotores inmobiliarios -que deben construir un 50% de viviendas protegidas y el mismo porcentaje de libres, según la vigente ley- cargan sobre los pisos libres lo que no pueden ganar en los protegidos, cuyo precio máximo está regulado por el Gobierno (una vivienda protegida se vende aproximadamente a un tercio de una libre).

Por ello, y unido a la falta de suelo, según los técnicos que Aguirre contrató, los pisos libres son tan caros. Obviaron, sin embargo, que en la Comunidad hay miles de pisos en construcción o con suelo ya recalificado y que el precio no baja. El año pasado se construyeron unos 70.000 pisos.

Con estos mimbres, el Gobierno regional ha diseñado una nueva Ley del Suelo. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Mariano Zabía, presentó ayer el anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno. La norma mantiene la obligación de que se reserve un 50% del suelo recalificado para vivienda protegida, pero sólo en los municipios de más de 15.000 habitantes. Madrid cuenta con 179 localidades, de las que 143, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, tienen menos de los citados 15.000 vecinos. Precisamente en estos pueblos, donde se concentra la mayor parte del suelo libre en la región, es donde el Gobierno permitirá que los alcaldes decidan cuánto suelo -si quieren alguno- reservan en sus respectivos planes generales para vivienda protegida. En las grandes poblaciones como Madrid, Coslada o Pozuelo de Alarcón, por ejemplo, el suelo sin recalificar es ya mínimo, por lo que las posibilidades de construir viviendas protegidas es cada año menor.

Mejorar el problema

Zabía cree, sin embargo, que la futura ley "contribuirá sustancialmente a la mejora del problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid", una vez que haya sido aprobada definitivamente por la Asamblea. "No hay demanda para vivienda protegida en los pueblos pequeños, que además suelen estar rodeados de terrenos protegidos. La posibilidad de que los alcaldes puedan decidir qué porcentaje de viviendas protegidas tendrán es una manera de compensarlos y de permitir su crecimiento. Actualmente, en ellos sólo vive el 8% de la población", sostiene.

Zabía declaró que confía en que el resultado definitivo sea "una ley lo más debatida y consensuada posible", que reducirá a la mitad el tiempo de trámite de los planes urbanísticos generales y parciales: a menos de dos años, en el caso de los primeros. Esto supondrá, según él, más suelo urbanizable en el mercado, abaratará su coste y hará bajar el precio de la vivienda.

El consejero subrayó que el objetivo de esta futura ley es "simplificar, agilizar y hacer más transparente la tramitación urbanística", y agregó que será "la primera norma medioambiental de la Comunidad de Madrid" e incluirá la creación de un registro único que reflejará cada uno de los convenios y planes urbanísticos de los municipios madrileños, que será accesible a través de Internet. Este portal hará de Madrid la primera región española que contará con una iniciativa de estas características.

Zabía recordó que el 65% del territorio de la Comunidad está medioambientalmente protegido y por eso dijo que hace falta que la ley definitiva incorpore las aportaciones de los vecinos, los agentes sociales, los expertos y, en general, de todos los sectores implicados. El consejero destacó igualmente que el anteproyecto incluye el "silencio positivo", de forma que el procedimiento seguirá adelante en caso de que las administraciones no contesten en los plazos establecidos. Es decir, si un municipio presenta un plan general y el Gobierno no le responde en plazo, el plan quedará aprobado o la Comunidad podrá actuar sobre él mediante el llamado procedimiento de acción sustitutoria.

Zabía argumentó que la reserva del 50% del suelo urbanizable para vivienda de protección oficial en los grandes municipios madrileños representa "el doble de lo que prevé la ley estatal" y está "muy por encima" de lo que dedican al mismo fin comunidades como Andalucía (33%), Aragón (20%) o Castilla-León (del 10 al 15%).

El consejero afirma que no cree que se produzcan "interferencias" con el Gobierno central, ya que espera que el Estado "se mantenga en el ámbito de sus competencias" porque "existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que marca las limitaciones estatales en materia de suelo". Añadió que la futura ley actualiza el régimen de sanciones por infracciones urbanísticas, con hasta tres millones de euros de multa en casos muy graves, y potencia la renovación de los cascos antiguos de las ciudades, creando la figura del rehabilitador urbanístico.