EE UU protege a los fabricantes de armas frente a demandas judiciales

El Congreso estadounidense, controlado por el gobernante Partido Republicano, dio luz verde ayer a una normativa que protege de posibles demandas judiciales a fabricantes y vendedores de armas de fuego. La ley fue respaldada no sólo por los correligionarios del presidente George W. Bush, sino también por un buen número de legisladores del Partido Demócrata. Tras este trámite y tras el visto bueno dado por el Senado el pasado julio, el único requisito formal que le queda al texto es la firma del presidente, y éste ya se ha comprometido a llevar a cabo tal tarea.

La normativa ha sido el resultado de la intensa presión ejercida por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, según sus siglas en inglés) durante los últimos cuatro años. Tal ha sido el trabajo de este grupo, que han logrado que la ley sea aprobada por 283 votos a favor (entre ellos 59 diputados demócratas) y 144 votos en contra. "Esta ley es un hito histórico", declaró Wayne LaPierre, el presidente de la NRA, quien añadió que el texto era la mayor victoria de la asociación desde que el Congreso reformó la ley federal del control de armas en 1986.

El texto aprobado anoche busca poner fin a un gran número de demandas presentadas por particulares, autoridades municipales y estatales contra los fabricantes de armas, los distribuidores o los vendedores al por menor por los crímenes que se cometen con las armas que ellos fabrican y venden. No obstante, la ley permite, por ejemplo, que las denuncias prosperen si se trata de armas defectuosas, o si el distribuidor provee de un arma a sabiendas de que el cliente tiene antecedentes penales.

Justificaciones

Los legisladores que han respaldado la aprobación de esta ley han justificado su decisión en el hecho de que creen que era necesaria para mantener la rentabilidad de la industria de las armas estadounidense. Por el contrario, los detractores aseguran que esta ley sólo servirá para estimular la venta y el uso de armas, ya en niveles muy altos en la sociedad estadounidense.

Los abogados especializados en demandas contra la industria armamentística sostienen que la nueva ley les obligará a desestimar al menos una docena de cada 20 casos que tienen entre manos, cuya denuncia no ha sido presentada formalmente hasta el momento. No obstante, la mayoría de estos abogados sostiene que es posible hacer causa común para pedir la inconstitucionalidad de la norma.

Ahora la última palabra la tiene el presidente Bush, que debe firmar la ley para que entre en vigor. Se espera que lo haga, ya que los lobbistas de la NRA han respaldado abiertamente las políticas del presidente estadounidense y hay un buen número de republicanos que simpatizan con la gestión de esta asociación.