La Ley de Capitalidad fija la cesión parcial de impuestos estatales al Ayuntamiento

La capital tendrá un "fondo complementario de financiación" si prospera el último borrador de la Ley de Régimen Especial de Madrid que la Comunidad y el Ayuntamiento han presentado al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Este fondo se entregará para compensar a la ciudad por los gastos que le origina ser capital del Estado.

Según este documento, el fondo será el instrumento a través del cual la ciudad "participa en los tributos del Estado". En cada ejercicio, el Consistorio recibirá una entrega a cuenta del fondo,

que se determinará a partir del porcentaje que le corresponde a la ciudad de los impuestos cedidos por el Estado.

Según el texto en discusión, la Administración central cederá porcentajes fijos -que aún están por negociar- de la recaudación de los impuestos de la renta sobre las personas físicas (IRPF), de valor añadido (IVA) y los impuestos especiales sobre cerveza, vino y bebidas fermentadas, sobre productos intermedios, sobre alcohol y bebidas derivadas, sobre hidrocarburos y sobre el tabaco. La ciudad ya dispone de estos impuestos, pero ahora podrán ser aumentados. De hecho, "la fijación definitiva de los porcentajes de cesión", precisa el borrador, se hará a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2007.

Además, la futura ley determina que el alcalde y el resto de miembros de la Junta de Gobierno ostenten un fuero especial: la responsabilidad civil y penal de dichos cargos será una competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al igual que ocurre ahora con los diputados.

En cuanto a las incompatibilidades de los mismos cargos, el texto abre la posibilidad de que un reglamento orgánico regule el estatuto del regidor y de los concejales. También establece una fórmula de control a los cargos no electos, pues fija un tope de los que pueden formar la Junta de Gobierno -no más de un tercio- y permite que puedan participar en los debates, aunque no podrán votar.

La futura ley repercutirá en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) que pagan los residentes en la ciudad. El borrador establece que "el Ayuntamiento podrá establecer tipos diferenciados [de IBI] para los bienes inmuebles, atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones". Además, incluye bonificaciones del 50% para las personas con menos recursos.