El poder de Bruselas sobre las fusiones

La inminente decisión de la Comisión Europea sobre la OPA de Gas Natural contra Endesa ha vuelto a poner de relieve el decisivo poder de Bruselas en los procesos de concentración de empresas. Desde 1990, la Comisión ha analizado 2.877 casos, la inmensa mayoría, (95%) fueron autorizados en un examen preliminar que se resuelve en 25 días. Otras 102 operaciones fueron declaradas compatibles con distintos grados de compromisos y regulaciones y tan sólo 19 han sido prohibidas por estimar que restringirían la competencia.

El FMI señala que las reformas en favor de una mayor competencia en la UE pueden significar un aumento del 7% de su PIB a largo plazo

El poder de la Comisión quedó patente con su sanción de 497 millones de euros a Microsoft, en marzo de 2003, por abuso de posición dominante

Aunque el número de prohibiciones no es muy elevado, ha afectado a operaciones tan importantes como el proyecto de fusión de Worldcom-Sprint (120.000 millones de dólares) y el intento de toma de control de Honeywell por General Electric. La más reciente decisión ha sido la propuesta de adquisición de Gas de Portugal por Electricidad de Portugal y la italiana ENI, prohibida por la Comisión el 9 de diciembre de 2004 y ratificada por el Tribunal de Luxemburgo el pasado 21 de septiembre.

El poder de la Comisión en materia de competencia quedó patente en su decisión sobre Microsoft en marzo de 2003 cuando sancionó al gigante norteamericano con una multa de 497 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado del software. Además de la sanción, Bruselas obligó a Microsoft a vender una versión de su producto principal Windows sin Windows Media Player y a desvelar más información a sus competidores sobre el funcionamiento de su software.

Esta abrumadora capacidad de autorización sobre los proyectos de las empresas más potentes del mundo convierte a la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, como ya ocurrió con sus antecesores Karen van Miert y Mario Monti, en uno de los personajes más poderosos de la UE. Cuenta con un equipo de 650 personas de los que más de la mitad es especialista. Pero, además, la Comisión suele utilizar con frecuencia los servicios de los gabinetes más preparados de abogados y economistas para reforzar sus análisis y decisiones en batallas en las que toman parte los lobbies más influyentes.

Desde el Tratado de Roma

La propia Comisión admite que la concentración de empresas no tiene por qué producir necesariamente efectos negativos sobre la economía. En muchos casos, las concentraciones permiten el desarrollo de nuevos productos de forma más eficiente con reducción de costes de producción y de distribución. A la Comisión, lo que le preocupa es que "algunas concentraciones puedan restringir la competencia en un mercado, principalmente cuando se traducen en la creación o consolidación de un operador dominante. Los consumidores pueden quedar perjudicados debido a que estas concentraciones podrían tener como consecuencia la fijación de precios más altos, menores posibilidades de elección y menor innovación".

La política de defensa de la competencia aparecía ya establecida en los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma de 1957 (81 y 82 del vigente de Niza) y se inspiraba en la larga tradición norteamericana que empieza en 1890 con la ley Sherman antitrust. La UE cuenta desde 1990 con una reglamentación específica sobre concentraciones, lo que ha fomentado un notable aumento de la presentación de peticiones de casos. De las 12 operaciones analizadas en 1990 se llegó a un máximo de 345 en 2000. El nuevo reglamento, en vigor desde 2004, pretende una cierta descentralización y fomenta una mayor participación de las autoridades nacionales de competencia y simplifica el procedimiento de notificación e investigación.

Para Alasdair Murray, director de política social y empresa del think tank Centre for European Reform, "la política de competencia es uno de los grandes éxitos de la Unión Europea". En su reciente trabajo ¿Un árbitro justo? La Comisión Europea y la Política de la Competencia, Murray subraya que la política de la competencia es vital para la salud de la economía europea a largo plazo. "La competencia aumenta los incentivos de las empresas a reducir costes y precios y a mejorar la calidad de los productos. Anima a la redistribución del capital desde las empresas menos productivas a las que lo son más".

La importancia de la competencia ha sido puesta de manifiesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que considera que el bajo nivel de competencia en algunos mercados europeos es el factor clave que explica la pérdida de productividad en Europa respecto a EE UU en la última década. Según la OCDE, la mejora de la competencia podría aumentar la productividad entre un 2% y el 6% en los países que forman el núcleo duro de la eurozona. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional concluye que las reformas a favor de una mejor competencia podrían significar un aumento del 7% del PIB en la Unión Europea a largo plazo.

El rechazo de toma de control de Honeywell por General Electric (47.000 millones de euros) en 2001 por parte de la Comisión suscitó un importante debate sobre el poder y los criterios de Bruselas, al prohibir una operación que había sido previamente autorizada en EE UU. Algunos políticos y analistas no han dudado en acusar a las autoridades europeas de desarrollar una política antinorteamericana para proteger su tejido empresarial.

Lo cierto es que los criterios sobre la defensa de la competencia han evolucionado más deprisa en Estados Unidos que en la Unión Europea. En EE UU, la defensa de los intereses de los consumidores frente a los de las empresas han pasado a un primer plano. La propia comisaria de Competencia, Neelie Kroes, lo reconocía en una conferencia en Nueva York a finales de septiembre. "Soy consciente", decía Kroes, "de que a menudo se sugiere que, a diferencia de la Sherman Act, el artículo 82 (Tratado de Niza) se preocupa intrínsecamente por la imparcialidad y en consecuencia no se centra fundamentalmente en el bienestar de los consumidores. Por lo que a mí respecta, la política de la competencia evoluciona en la medida que evoluciona el pensamiento económico. En el pasado, la imparcialidad jugó un importante papel en el cumplimiento de la Sherman Act de una manera que hoy ya no se practica. No veo por qué esta evolución no pude ocurrir en Europa".

La comisaria holandesa precisa: "Mi filosofía es muy simple: Lo primero que debe protegerse es la competencia y no los competidores. Y el objetivo último es evitar el daño a los consumidores". También en este sentido Alasdair Murray recomienda a la Comisión que "tenga más en cuenta el interés de los consumidores cuando tome decisiones".

El creciente poder de la Comisión se desarrolla en medio de fuego cruzado donde concurren a veces los intereses más opuestos. Algunos países como Francia han criticado los estrictos criterios de la Comisión y su excesivo liberalismo en la restricción de las ayudas públicas a las empresas acusando a Bruselas de impedir la salvación de empleos como en el caso de Alstom.

Desde el frente opuesto, políticos y empresarios de EE UU han censurado a Bruselas por su excesivo intervencionismo y por practicar una política antiliberal como en los casos de General Electric y Microsoft.

En cualquier caso, las decisiones de Competencia tienen un efecto muy directo y a veces desconocido por los consumidores. En la adquisición de Wella por Procter & Gamble, la Comisión consideró que podía reducirse la competencia en algunos productos básicos (champús, tintes y acondicionadores) y para evitarlo exigió que las empresas ofrecieran licencias de varias marcas de productos capilares como Herbal Essences, Silvikrin y Catzo a los competidores.

En el caso de la fusión de TotalFina y Elf Aquitaine, los dos principales operadores de productos petrolíferos, Bruselas exigió, entre otras cosas, la cesión por parte de las dos empresas a sus competidores de 70 estaciones de servicio situadas en las autopistas francesas.