Trias propone multar a los clientes de las prostitutas que ejercen en la calle

Prohibir la prostitución callejera, crear una agencia municipal de atención a las prostitutas y perseguir y multar al cliente que intente cerrar el trato en la calle: éstas son algunas de las propuestas que defiende Xavier Trias, presidente del grupo municipal de Convergència i Unió, cuando está prácticamemte cerrada la nueva ordenanza de la convivencia, entre cuyos objetivos está erradicar la prostitución en la calle.

"Lo que es injusto es que el peso de las ordenanzas o de las normas recaiga exclusivamente en las mujeres que ejercen la prostitución en la calle. Ellas son el eslabón más débil y lo que hay que perseguir policialmente son las redes organizadas, y también de alguna manera a los clientes, y la posibilidad de sancionarles podría ser el mejor elemento disuasorio", explicó el presidente de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona. Trias se refirió, como ejemplo, a la venta de productos del top-manta: "El que vende sabe que está cometiendo una iregularidad, pero el que compra también".

El grupo de CiU presentará hoy en el plenario del consistorio un ruego en el que plantea que se elabore en breve un plan de actuación integral sobre la prostitución. Trias considera que no es un problema de civismo o de incivismo, pero sí una actividad que está trastornando la convivencia. De la prostitución callejera más o menos admitida en determinadas zonas de la ciudad se ha pasado a una actividad muy dispersa, mucho más extendida por la llegada de mujeres inmigrantes -a menudo engañadas y explotadas-, que en no pocas ocasiones se realiza de día y en entornos próximos a las escuelas, como es el caso de los alrededores del mercado de Sant Antoni.

Trias defiende que la prostitución debe dejar las calles y entrar en locales, y estar regulada, un modelo que estudia el Departamento de Interior. Y es una de las cuestiones más delicadas que abordará la futura ordenanza de la convivencia de Barcelona, que está elaborando el servicio jurídico del consistorio.

De momento, la nueva ordenanza incluye como infracción sancionable "la prostitución y la captación de clientes en el espacio público". Es decir, impone la tesis prohibicionista. La cuestión es que dentro del equipo de gobierno hay matices. El PSC es partidario de la prohibición de la prostitución en la calle de forma generalizada y de que su ejercicio se regule y se circunscriba a locales y pisos. No es tan prohibicionista la postura de sus socios de gobierno. Tanto Esquerra Republicana (ERC) como Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) defienden que la prohibición se tiene que limitar a las zonas donde la prostitución supone un problema para la convivencia. "Podría ser el caso de lo que está ocurriendo en la Ronda de Sant Antoni, porque degrada el entorno", puntualizó Ricard Gomà (ICV), regidor y responsable del área de Servicios Sociales. Gomà cree que es necesario distinguir la prostitución de redes organizadas y la que responde al ejercicio individual, que necesita una intervención "social y de otros servicios municipales". "Somos partidarios de acotar la prohibición a donde sea absolutamente necesario y, ademas, poner todos los medios para que esa prohibición sea efectiva", añadió.

En opinión de Pilar Vallugera (ERC), regidora de Derechos Civiles, la prohibición total perjudicaría a las prostitutas más desamparadas, que sólo tienen la calle. "Los propios colectivos de prostitutas y las entidades que trabajan con ellas ponen en duda que regular la prostitución y llevarla a locales no llegue a incrementar la impunidad de las redes criminales que la organizan", explica, y añade que la prohibición debería aplicarse únicamente en los lugares donde esta actividad provoca problemas de convivencia y cuando se trata de redes oganizadas. El grupo municipal más claramente prohibicionista es el del Partido Popular, que en algunas ocasiones ha llegado a plantear la expulsión.