Problemas jurídicos entorpecen la privatización de la funeraria

Los trabajadores de la empresa mixta de servicios funerarios volverán a manifestarse mañana contra la intención del gobierno municipal de privatizar totalmente esta sociedad, que ahora es semipública. Pero el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón, que hace dos semanas se mostraba abiertamente partidario de vender la empresa, no tiene ya tan clara la operación. Fuentes municipales explicaron ayer que es "muy posible" que el informe jurídico encargado arroje "dudas" sobre la viabilidad de la venta.

Tanto el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, como su concejal de Hacienda, Juan Bravo, subrayaron desde un principio que si existía "el mínimo obstáculo jurídico" desistirían de la operación.

Ese obstáculo jurídico tiene que ver con la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en enero de 2003, anulando la convocatoria y los pliegos del concurso con los que, nueve años antes, se había privatizado el 49% de la empresa funeraria. El servicio de enterramientos había sido hasta 1992 totalmente público, pero ese concurso cedió el 49% de las acciones a la empresa Funespaña, que pagó a cambio un "precio simbólico" de 100 pesetas.

El Ayuntamiento conservó el 51% de la empresa mixta, que sigue dando dinero: para este año está previsto un beneficio de 4,9 millones de euros, aunque el gobierno municipal argumenta que la tendencia es a la baja.

El PSOE impugnó aquel concurso, y el Tribunal Superior le dio la razón en 2003 con una sentencia que está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo. La duda que tiene el Ayuntamiento es qué ocurrirá si privatiza toda la empresa y, dentro de uno o dos años, el Supremo confirma que el concurso de 1992 debe ser anulado.

Anular el concurso

"En principio, esa sentencia no afecta a la adjudicación del concurso a Funespaña, sino sólo a la convocatoria y los pliegos. Pero también es posible que el Supremo intérprete que todo el concurso debe ser anulado y que el 49% de la empresa debe retornar al Ayuntamiento. Si eso sucede cuando la funeraria ya haya sido vendida, podría haber problemas", explica el concejal de Hacienda, Juan Bravo.

"Por eso hemos encargado un informe a los servicios jurídicos, para despejar cualquier duda sobre la operación. Y lo único que puedo asegurar es que, si ese informe concluye que existe el mínimo obstáculo, no venderemos la funeraria", agrega Bravo. El grupo de IU ha advertido de que llevará a los tribunales cualquier cambio en la funeraria que facilite su venta.

Responsables del gobierno municipal confirmaron ayer que los servicios jurídicos del Ayuntamiento sí tienen "serias dudas" sobre la operación de privatización total de la empresa mixta, aunque subrayaron que el informe definitivo aún no está terminado. A finales de este mes, el concejal de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Pedro Calvo, comparecerá en el pleno municipal para dar cuenta de ese estudio. Será entonces cuando el alcalde decida dar luz verde a la operación de venta de la funeraria o bien desistir de ella.