La alcaldesa se enfrenta con Carlos Fernández en los tribunales por la orden de cierre de una discoteca

Por segundo día consecutivo, la alcaldesa de Marbella tuvo nayer que comparecer en los juzgados para prestar declaración en calidad de imputada. En estev caso, Yagüe está acusada de prevaricación por levantar el precinto de la discoteca Bohemian de Puerto Banús, que había sido clausurada por el andalucista Carlos Fernández por carecer de licencia municipal. El concejal del PA comparece en el procedimiento como testigo de la acusación.

La denuncia fue presentada en noviembre de 2004 por el Grupo Mixto D, aunque su portavoz, Javier Lendínez, decidió retirarse del procedimiento y pedir el archivo de la causa, lo que provocó la ruptura con el otro componente del grupo, Alberto García Muñoz, que permanece ahora como concejal no adscrito.

Yagüe admitió que levantó el precinto, pero matizó que fue porque los responsables del local le dijeron que necesitaban que este se retirase para acometer una serie de deficiencias recogidas en el expediente y cumplir así con los trámites solicitados por el Ayuntamiento. "Como no entregaron la documentación se volvió a precintar, hasta hoy", añadió.

Aseguró desconocer si el local sigue funcionando porque, "aunque tiene un decreto de cierre y creo que está cerrada, no puedo poner un policía en cada negocio de este pueblo para que la gente cumpla lo que dice el Ayuntamiento".

Negó haber concedido licencia de apertura al local, propiedad de familiares de Lorenzo Sanz, y precisó que decretó el cierre cuando tuvo conocimiento de que esta se encontraba abierta sin autorización.

Carlos Fernández, testigo de la acusación, explicó que decidió la clausura de la discoteca en base a los informes negativos de los técnicos municipales. Posteriormente remitió la documentación a la alcaldesa, que le comunicó que se ocuparía personalmente del tema.

Fernández relató que cuando supo que la alcaldesa había revocado el decreto de cierre, la llamó por teléfono. "Me dijo que se trataba de un tema que llevaba personalmente y que ya hablaríamos, y hasta el día de hoy", afirmó. En cualquier caso, confirmó que es normal que se conceda un tiempo a los propietarios para que subsanen deficiencias, pero que no lo es autorizar una apertura cuando existe un precinto de clausura por no tener la documentación en orden o los informes adecuados.

Durante las declaraciones no estuvieron presentes ni el fiscal, ni el otro testigo de la acusación, el jefe de negociado de Puerto Banús, Rafael Toscano, que se encuentra de baja.