El Poder Judicial cuestiona la inviolabilidad de los magistrados del Constitucional
La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que el régimen de inviolabilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que se reconoce en el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de este Tribunal es de "dudoso encaje constitucional" e "innecesario".
La Comisión de Estudios del CGPJ estudió ayer el borrador de dictamen elaborado sobre esta ley por el vocal de la minoría progresista Luis Aguiar y éste fue rechazado únicamente en lo relativo a la inviolabilidad de los magistrados. Según fuentes del órgano de Gobierno de los jueces, el texto de Aguiar en este punto contó con los votos en contra de los vocales nombrados a propuesta del PP Adolfo Prego (presidente de la Comisión) y Javier Laorden, mientras que votaron a favor el propio Aguiar y el vocal conservador José Luis Requero. Ante el empate, la decisión de rechazo se tomó por el voto de calidad del presidente de la Comisión, quien redactará un nuevo dictamen que recogerá el "dudoso encaje constitucional" del régimen de inviolabilidad al estimar que les excluye de todo tipo de responsabilidad penal o civil cuando votan sus resoluciones, pese a que ello no está previsto en la Constitución.
Efectos positivos
El dictamen de Aguiar asegura que el cambio de orientación en la regulación del trámite de admisión del recurso de amparo, intensificando las posibilidades de declarar la inadmisión por falta de contenido constitucional, supondrá "efectos positivos tanto en la reducción del número de amparos como en la calidad de las decisiones". Aguiar propone mejoras al anteproyecto como la de que se suprima la alusión a que no se podrán pedir responsabilidades a los magistrados del Constitucional "en ninguna forma ni ante ninguna jurisdicción", pues "resulta reiterativo y redundante y al mismo tiempo proyecta una presunta intención de irresponsabilidad" innecesaria.
A juicio de Prego, el citado artículo "va demasiado lejos" y "no tiene fundamento constitucional". En 2004, la Sala de lo Civil del Supremo condenó a once magistrados del Constitucional a pagar una indemnización de 500 euros a un abogado por negligencia por archivar un recurso de amparo, sin examinarlo previamente.
Por otra parte, la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ aprobó ayer por unanimidad el informe redactado por Prego, de la mayoría conservadora, sobre la segunda parte de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que afecta al recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El dictamen de Prego asegura que las modificaciones propuestas por el Gobierno para que el Supremo se convierta en órgano unificador de doctrina van en la línea correcta, pero sugiere modificaciones técnicas para evitar el colapso de la Justicia.
