La sobreocupación de pisos se extiende al área metropolitana

El fenómeno de la infravivienda para alojar a la población inmigrante no es exclusivo de la ciudad de Barcelona. Empezó en Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y algunos barrios del Eixample; pasó a Gràcia, Nou Barris y Sant Andreu, y ahora se extiende al área metropolitana, en especial Badalona, Santa Coloma de Gramenet y L'Hospitalet de Llobregat. Pero en poblaciones de Osona y el Gironés con una alta concentración de inmigrantes también se da.

Los vecinos de algunos barrios de Badalona, como Sant Roc, el Remei y Artigues, son desde hace tiempo testigos de la transformación que está sufriendo la zona. Son barrios que se han ido llenando de inmigrantes procedentes de China, Rumania, Suramérica o Pakistán. Según datos municipales de 2004, el 19% de los habitantes de estos barrios son inmigrantes, informa Cristina Perales.

Hace unos meses, la Asociación de Vecinos de Artigues elaboró un censo para contabilizar las viviendas sobreocupadas. La entidad calcula que son unas 80 en la zona y ha pedido al consistorio que se enfrente con decisión a este problema. Según el presidente de la asociación, Ángel Vendrell, el trabajo de campo realizado hace unos meses denuncia el estado de degradación que pueden sufrir grupos de más de 20 personas que viven en espacios de 50 metros cuadrados. Los vecinos explican que en pisos donde viven cuatro o cinco personas se construyen habitáculos para aprovechar más el espacio. Los recién llegados pueden pagar hasta 200 euros mensuales por el alquiler de estos habitáculos.

La falta de higiene y las condiciones infrahumanas en que viven muchos de los inmigrantes son los dos motivos de lucha de la entidad vecinal, que también denuncia la falta de agua corriente y luz en estos pisos. Muchos se abastecen de electricidad de la misma escalera, lo que supone problemas de convivencia.

En Osona, donde en algunas localidades, como Vic, Sant Bartomeu del Grau y Manlleu, los inmigrantes son el 20% de la población, las dificultades que éstos tienen que afrontar para encontrar vivienda van más allá de los altos precios. Los recelos de los propietarios y las inmobiliarias a la hora de alquilarles o venderles pisos es patente, y la concentración de inmigrantes en algunos barrios empieza a ser una preocupación que los ayuntamientos intentan minimizar, informa Eva Clota. Pese a eso, salvo casos excepcionales, la mayoría viven en pisos viejos y sin ascensor que requerirían un buen lavado de cara, pero estas viviendas no se pueden calificar de infrahumanas. De hecho, sólo el 0,84% de los pisos de Vic presentan un estado ruinoso, y el 7,75%, deficiente. Y aunque no sea lo más habitual, también se encuentran casos en que decenas de personas comparten vivienda, sea por necesidad de hacer frente al pago del alquiler o porque los propietarios alquilan habitaciones por separado.

La nota negativa la ponen los llamados pisos de En Garcia de Manlleu. Construidos durante la oleada de inmigración de los años sesenta, estos bloques que sobresalen de la línea de edificación de la segunda localidad de Osona se han convertido en refugio de muchos inmigrantes con escasos recursos pese la amenaza constante de ruina. Los inmigrantes han pagado por ellos entre 6.000 y 15.000 euros, en ocasiones sin obtener a cambio escrituras del piso, e incluso han ocupado viviendas muy deterioradas, favoreciendo así la progresiva degradación de las edificaciones y sus alrededores. Manlleu ya ha puesto manos a la obra para acabar con esta situación y, después de entrar en la primera convocatoria de la Ley de Barrios, ha decidido demoler los bloques.

Acogidas temporales

Un reciente estudio elaborado por los servicios sociales de Salt (Gironès), municipio en el que la inmigración supone más del 25% de la población, reveló que en la zona con mayor número de inmigrantes se dan porcentajes del 5,4% de hacinamiento en las viviendas, informa Gerard Bagué. En estos casos, en pisos de reducidas dimensiones viven un número excesivo de inquilinos. No obstante, se trata muchas veces de acogidas temporales de amigos o familiares recién llegados que, con el tiempo, consiguen vivienda propia. El barraquismo, que no está a la vista porque se ubica en solares interiores de los inmuebles, representa sólo el 1,6% de los problemas atendidos por los servicios sociales de Salt. En este apartado se incluye también la residencia en locales no destinados por norma de uso a vivienda.

El área de Servicios Sociales de Girona es muy sensible a los casos de infravivienda. "Cuando la situación pone en riesgo a los inquilinos o las comunidades de vecinos, decidimos intervenir", explica Cristina Andreu. Ése fue el caso de unos pequeños locales de oficinas de la calle de Santa Eugènia que fueron alquilados como vivienda a inmigrantes. El consistorio, tras advertir sin resultado al dueño, acabó precintando las oficinas. Aunque muchos de estos casos de abusos son conocidos por los servicios sociales, resulta difícil actuar sin una denuncia de por medio.