Una empresa en la ruina

El martes, tras una semana de rumores, se confirmó que el Estado francés vendía la Sociedad Nacional Córcega-Mediterráneo (SNCM) al fondo de inversiones Butler Capital Partners (BCP), que prevé suprimir entre 350 y 400 de los 2.400 empleos que cuenta actualmente la naviera. Según el acuerdo, el Estado francés invertirá 113 millones de euros adicionales; 82 para "equilibrar el pasado" y otros 31 para proyectos futuros, mientras que BCP sólo pagará 35 millones para hacerse con un activo valorado en casi 500 millones.

Pero lo cierto es que estas cifras esconden los verdaderos problemas de una compañía anticuada, con una plantilla sobredimensionada, que ha sufrido innumerables huelgas salvajes en los últimos años y que ha visto cómo su parte del mercado se reducía cada vez más frente a la compañía de las nuevas navieras privadas. Según apuntaba ayer Walter Bulter, el presidente del citado fondo de inversión, la SNCM tiene una deuda de entre 150 y 200 millones de euros, y en los últimos tres años ha perdido más de 100 millones de euros.

Estos últimos días, las imágenes de los pasajeros que pretendían dirigirse a Argelia, abandonados a su suerte en los muelles de Marsella, sin que ni siquiera fueran atendidas sus necesidades higiénicas más mínimas, hablaban por sí solas del servicio que últimamente proporcionaba la SNCM.

Ya el martes, las primeras protestas pusieron de nuevo en evidencia la actuación errática del Gobierno. El ministro de Transportes, Dominique Perben, anunciaba que el Estado estaba dispuesto a conservar una parte "minoritaria" del capital de la naviera. Un gesto inútil porque los sindicatos exigen que la SNCM siga siendo mayoritariamente pública. El diario Le Monde apuntaba a un 15% del capital. Butler, por su parte, se apresuró a explicar que la presencia del Estado es "una de las principales razones de los problemas de la naviera" y pidió al Ejecutivo que con su presencia "no frustre el futuro" de la compañía. "El Estado", dijo, "no es un accionista como cualquier otro". "Independientemente de cual ha sido su color político", denunció el financiero, "el Estado tiene una buena parte de responsabilidad sobre la actual situación de la compañía". Pero preguntado si mantendría su oferta si el Estado francés conservaba la mayoría del capital su respuesta fue: "No".