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Tribuna:LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA 2006

Los PGE... en Fructuaria

Lucius Julius Moderatus Columella, soldado y agricultor romano del siglo I DC y autor de De re rustica, estimaba que una hacienda agrícola romana no podía carecer de una Villa Fructuaria en la que se almacenasen las cosechas y demás alimentos necesarios para el abastecimiento de sus pobladores. El árbol de los ingresos fiscales del estado se prevé tan cargado de frutos para 2006 que el Gobierno afronta un ejercicio presupuestario con sobrada holgura para aumentar las partidas que mejor reflejen sus prioridades y sus compromisos políticos previendo un ligero déficit del 0,4% del PIB que resultará más que compensado por un superávit del 0,7% del PIB de la Seguridad Social.

Sin embargo, hay varios elementos sobre los que, a la espera de cifras más detalladas, conviene hacer algunas precisiones. En primer lugar, el Cuadro Macroeconómico establecido por el Gobierno es claramente alcanzable en su conjunto a la vista de cómo se han comportado los indicadores que contiene y las previsiones que se manejan sobre ellos. Con dos salvedades: la aportación del sector exterior al crecimiento (-1,1 puntos porcentuales, con -1,8 pp en 2004 y -1,7 pp previstos para 2005,) y la tasa de crecimiento de la formación de capital debida a la construcción (3,8% con 5,5% en 2004 y 5,7% prevista para 2005), que no dejan de ser la carta a los Reyes Magos que todo presupuesto requiere. En segundo lugar, la relativa confusión que se produce cuando se hace intervenir en algunas de las cuentas ofrecidas a la Seguridad Social, cuyos ingresos y gastos están sometidos a reglas diferentes. Se sigue utilizando a la Seguridad Social para caracterizar los PGE, cuando ambos deberían separarse estrictamente. Ni siquiera para consolidar el balance de las Administraciones Centrales como se denomina al conjunto en la documentación aportada por el gobierno. También sirve dicha amalgama para calificar de más o menos social un presupuesto que en el fondo es el del Estado más los Organismos Autónomos y en el que no intervienen en absoluto los gastos e ingresos de la Seguridad Social. La subida de las pensiones, no hace más sociales a los presupuestos del Estado, que no contemplan dicho gasto entre sus objetivos. Por último, dado el buen momento cíclico de la economía, y ya que ahora sabemos que éste ha sido mejor de lo que creíamos en los últimos años, no estaría de más que los PGE contemplasen superávit holgado para el Estado, pongamos un 1% del PIB en vez de un déficit del 0,4%. Hay dos giros que los PGE de este año profundizan, dice el Gobierno: el giro social y el giro hacia la productividad. El Gobierno recalca que la dotación para vivienda aumenta un 20,6%, la sanidad recibe una aportación excepcional de 1.700 millones de euros y las pensiones, que, insisto, no forman parte del presupuesto del Estado, aumentan en un 6,9%. También recalca el Gobierno que la dotación para educación e I+D+i aumenta un 26,5% o que la inversión en infraestructuras lo hace en un 12,4%. Estos aumentos son posibles gracias al fenomenal comportamiento que se espera de los ingresos fiscales, que un año más se verán impulsados por la insuficiente actualización de la tarifa del IRPF, el 2%, cuando las bases nominales de los impuesto crecerán apreciablemente por encima. El Gobierno hace los guiños que le parece, y los que le exigen sus socios parlamentarios, como siempre ha sido, pero presenta unos presupuestos que cabría caracterizar como expansivos ya que las condiciones de la economía española permiten y requieren un mayor superávit. Por otra parte, hay que saber que el Estado (y sus Organismos Autónomos) realiza el 23,6% del gasto público total consolidado, una vez realizadas a los Entes Territoriales las transferencias a las que le obliga el actual sistema de financiación autonómica, la Seguridad Social realiza un 25,6% del gasto total. Las CC AA y las Administraciones Locales realizan el 50,8% restante. En otras palabras, mientras el Estado gasta poco más del 9% del PIB (neto de transferencias a los Entes Territoriales), las Administraciones Autonómicas y Locales gastan casi el 20% de nuestra renta nacional. El impulso que realmente gobierna los presupuestos consolidados desde hace muchos años en nuestro país no es el social, y mucho menos el de la productividad, es, claramente, el territorial.

José Antonio Herce es socio-director de Economía del Grupo AFI y profesor titular de Economía en la Universidad Complutense.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de septiembre de 2005