El PSPV pide a Camps que tome decisiones sobre el 'caso Fabra'

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas Andrés Perelló pidió ayer al presidente de la Generalitat y del Partido Popular valenciano, Francisco Camps, que "reconsidere su actitud esquiva" ante el caso Fabra y que tome decisiones al respecto, porque muestra una "debilidad ante las corruptelas" que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana "no se merecen".

Perelló, que realizó estas declaraciones después de que el pasado viernes Camps declarase que el supuesto tráfico de influencias ejercido por el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, no está demostrado, instó al jefe del Consell a que "por lo menos, lea la prensa y se entere" y además "sea valiente y no se refugie en la debilidad" porque "es responsable por encubridor de todo lo que está pasando".

El portavoz parlamentario criticó que "la actitud esquiva" de Francisco Camps respecto a este caso "puede que sea la mayor muestra de falta de respeto que un presidente del Gobierno ha tenido con cualquier valenciano". Asimismo, consideró un "sarcasmo" que "después de que lo haya mostrado como el futuro de Castellón al que hay que apoyar incluso uniendo su destino al suyo, haga como que no ha leído los documentos publicados en muchos medios de comunicación y no se haya desmentido por parte de ninguno de los autores de los documentos que los han firmado de su puño y letra".

El diputado del PSPV se refería a las cartas publicadas esta semana que revelan las presiones ejercidas por altos cargos del PP para que el Ministerio de Agricultura diera luz verde a determinados productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, propiedad del empresario Vicente Vilar, que después denunció a Fabra.

Andrés Perelló afirmó que estos documentos son "una prueba irrefutable" en política de que el caso Fabra es "claramente, más allá de lo que la Justicia determine, que eso es otro camino, el mayor caso de tráfico de influencias de la historia de la democracia valenciana" y, por tanto, "estamos ante uno de los mayores casos de corrupción política porque se trata de tráfico de influencias con una empresa privada en el que se involucra a secretarios de Estado que luego fueron ministros, a diputados, a senadores y al presidente de la Diputación".