Una juez investiga la subasta de una parcela municipal de Estepona

La empresa Parqueolid Promociones S.A. ha presentado una denuncia contra el liquidador de las empresas municipales de Estepona, Juan Manuel de Hoyos, por un delito de "maquinación para alterar el precio de las cosas". La sociedad acusa al liquidador, para el que pide tres años de prisión, de manipular una subasta para que se adjudicase una finca municipal, de 4.000 metros cuadrados a Proemco 2005 S.L. La juez dictó ayer la paralización de la subasta para que no se escriture la parcela a nombre de esta última, y estimó indicios de delito en la actuación del liquidador.

En las bases de la subasta, que se celebró el 14 de septiembre pasado, se exigía consignar 1.652.750 euros; estar al pago de las obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social; y no ser deudora de las sociedades municipales en proceso de liquidación, creadas por Jesús Gil Marín. El día anterior a la subasta, en la que Parqueolid Promociones resultó adjudicataria de la parcela, la empresa solicitó en la sede de las sociedades Estepona XXI el certificado acreditativo de que no mantenía deudas con estas.

Según la denuncia, el liquidador contestó por la mañana que no expedía el certificado solicitado porque faltaban los poderes, aunque emplazó a la empresa a pedírselo directamente en el momento de la subasta, en la que aseguró estaría presente. Sin embargo al final se ausentó, a juicio de los demandantes para "evitar expedir el certificado". No obstante Parqueolid presentó ante el notario las cuentas anuales del año 2.004 a fin de acreditar que no han mantenido relación alguna con las sociedades municipales en liquidación.

Posteriormente, De Hoyos comunicó al notario que no consideraba a la empresa adjudicataria de la subasta al carecer del certificado, y que otorgaría escritura pública al segundo postor, Proemco, que ofreció 10.000 euros menos que Parqueolid. La juez instructora del caso ha paralizado la subasta de la parcela y también la de otra finca, situada en Casares, de la que resultó adjudicataria una empresa de Estepona, y que también fue finalmente otorgada a Proemco, al carecer igualmente ésta del certificado del liquidador municipal.

De Hoyos sostiene que entre los requisitos para poder escriturar la finca "era imprescindible" su certificado y que comunicó a Parqueolid que si él no acudía a la subasta, bastaba con que un notario levantara acta de la petición del mismo. La empresa denunciante niega que el liquidador le aconsejara este procedimiento y que aseguró que estaría presente en la subasta.