Los militares de Portugal salen a la calle para protestar contra los recortes de Sócrates

Sorteando la ley que les prohíbe manifestarse y las órdenes de la jerarquía que les ordenó quedarse en los cuarteles, los militares portugueses salieron ayer a las calles de Lisboa en protesta contra los cambios introducidos por el Gobierno del socialista José Sócrates. Los militares rechazan la modificación de los regímenes especiales de asistencia social, jubilación y progresión en la profesión de que actualmente gozan. La protesta fue la culminación de semanas de tensión entre el poder político y las asociaciones que representan a los militares y a otros sectores de la Administración pública.

El Ejecutivo sostiene que todos tienen que contribuir a la recuperación del país

La manifestación de ayer inauguró una ola de protestas de varios grupos profesionales que no quieren aceptar las medidas anunciadas con el objetivo de recortar el gasto público y disminuir el déficit de las cuentas del Estado, previsto en un 6,2% del producto interior bruto (PIB) para este año.

Unos 2.000 militares -según estimaron los organizadores- cruzaron varias arterias del centro de la capital lusa, aunque no de forma organizada. Primero, un grupo pasó por la sede de la Asociación 25 de Abril, donde se reunieron con su presidente, el coronel Vasco Lourenço, uno de los capitanes que llevó a cabo la revolución de los claveles. Fue una forma de recordar a la opinión pública que fueron los militares quienes, en 25 de abril de 1974, acabaron con la dictadura en Portugal y entregaron voluntariamente el poder a los civiles. Los militares se concentraron después, a puerta cerrada, en un mercado lisboeta, un espacio privado, de manera que pudieran esquivar los castigos y las sanciones disciplinarias con que fueron amenazados por sus jefes en caso de que decidieran participar en la protesta. Mientras ellos se encerraban, las esposas y maridos de los militares acudían a esa misma hora a la manifestación convocada en una plaza situada al lado de la Asociación 25 de Abril.

La semana pasada, se impidió a los militares manifestarse por determinación del Gobierno Civil de Lisboa (que actúa bajo indicaciones del Gobierno central). El poder político argumentó que la ley no permite al cuerpo castrense manifestaciones de tipo sindical y que, como destacaron los jefes de las jerarquías, estas protestas ponen en causa "la cohesión y la disciplina" militar.

Un tribunal confirmó la prohibición y unos 4.000 militares acabaron reunidos y gritando consignas contra el Gobierno dentro de un espacio privado, pero delante de las televisiones. Para esquivar estos obstáculos, la manifestación prevista para ayer fue convocada por los familiares de los militares. Unas 500 personas acudieron en esta manifestación oficial.

La tensión entre militares, de un lado, y políticos y jefes militares, del otro, que se vive fuera de los cuarteles y se está llevando a cabo en el escenario mediático, deja un poco sorprendida a la sociedad portuguesa, poco acostumbrada a ver a las Fuerzas Armadas en las calles. Las asociaciones profesionales que representan a los miembros de las Fuerzas Armadas (un universo de 40.000 personas) dicen que no se plantea, de ninguna forma, una insubordinación militar y que siempre se obedecerá la regla del respeto al poder político y por la jerarquía militar. Éstas aseguran también que es demasiado simplista afirmar que protestan de forma violenta contra los cambios ahora introducidos en la ley. Los militares dicen que pierden prestigio, calidad de vida, derechos y beneficios desde hace más de 20 años, cosa que no ocurre con otras profesiones comparables, como los jueces, de ahí que las modificaciones introducidas sean sólo la gota que colmó el vaso.

Las asociaciones sostienen con respecto a la actuación del Gobierno, que impone las nuevas medidas sin negociarlas y que trata a los militares como meros funcionarios públicos.

El ministro de Defensa, Luís Amado, asume que las Fuerzas Armadas necesitan ser reestructuradas y que debe elaborarse un nuevo estatuto para los militares. Defiende, sin embargo, que "la condición militar" no sale perjudicada con los cambios adoptados por el Ejecutivo y que, dada la crisis presupuestaria, todos tienen que contribuir para la recuperación del país.

El ministro sostiene también que no tiene que negociar con estas asociaciones, sino sólo con los jefes militares, que funcionan como intermediarios.

Para las próximas semanas están anunciadas manifestaciones y huelgas de los funcionarios del sector de la justicia, de los jueces, de magistrados de la fiscalía, de enfermeros y de todas las fuerzas de seguridad. Una manifestación general de funcionarios está convocada para el día 21 de octubre.