Las viviendas protegidas caen un 42% desde 1998, según el PSPV
El portavoz socialista de Territorio y Vivienda en las Cortes Valencianas, Adolf Sanmartín, denunció ayer que la construcción de nuevas viviendas protegidas ha descendido en la Comunidad Valenciana en un 42% desde 1998 y que esta disminución fue el año pasado del 16,31% en relación con el ejercicio anterior, por lo que avanzó que su grupo parlamentario pedirá responsabilidades al consejero del ramo, Rafael Blasco, por haber "tergiversado" las cifras sobre esta materia, informa EP.
Sanmartín subrayó en rueda de prensa que, de forma paralela a esta desaceleración en construcción de VPO, el precio medio de la vivienda libre en la Comunidad ha experimentado incrementos anuales desde el año 2000 cercanos al 20%, lo que ha obligado a que el porcentaje de la renta que las familias dedican al pago anual de su hipoteca haya pasado del 32 al 48,78%, un 50% más que hace cinco años. El diputado socialista indicó que esta situación ha generado una "dramática expulsión" de los jóvenes del mercado de la vivienda.
El portavoz socialista subrayó que estos datos se han extraído de un informe de la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Consejería de Territorio y Vivienda que, con fecha de junio de 2005, han sido contrastados con los datos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. De acuerdo con estas cifras, si el total de visados para la construcción de nuevas viviendas era de 10.891 en 1998, en 2004 esta cantidad quedó reducida a 6.308, lo que supone "un descenso del 42% en 6 años".
Más VPO en los PAI
Para hacer frente a esta situación, el PSPV, que aprovechará el debate parlamentario del proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), para plantear sus alternativas en este ámbito, propone, a través de una enmienda, que en las adjudicaciones de los programas de actuación integrada (PAI) se valore como primera medida, con 25 puntos, las propuestas que presenten un mayor incremento del porcentaje de vivienda protegida, a promover por el agente urbanizador sobre solares que obtenga como retribución siempre en especie. Además también plantea que se incluya en los planeamientos la obligación de reservar en cualquier actuación urbanizadora de uso residencial al menos el 33% de su edificabilidad con destino a vivienda protegida, con excepciones en los casos de viviendas aisladas o zonas de costa, y pide que el Consell instaure una serie de tipologías de nuevas viviendas para evitar que queden fuera del mercado sectores sociales como los jóvenes, las familias monoparentales, los inmigrantes y las personas de rentas bajas.
La Consejería de Territorio y Vivienda respondió al informe de los socialistas asegurando que la VPO es mucho más accesible aquí que en otras partes de España. En concreto, de las 58.700 viviendas protegidas de nueva construcción tanto para venta como para alquiler en España, más de 7.600 se ubican en la Comunidad.
