El fiscal mantiene la petición de 18 meses de prisión para Muñoz y seis concejales

El segundo juicio por delito urbanístico contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y seis ediles del segundo gobierno de Jesús Gil quedó ayer visto para sentencia. La Fiscalía de Málaga mantuvo su petición de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para el cargo de concejal por un delito contra la ordenación del territorio. Alternativamente, solicitó ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación genérico. En cualquier caso, pidió la nulidad de la licencia objeto del juicio.

El ministerio público acusa a los siete imputados de conceder, en una comisión de gobierno celebrada en enero de 1999, una licencia al proyecto básico de construcción de 150 viviendas en una zona verde según el plan general de 1968, que la Fiscalía entiende que era el vigente. Durante la segunda jornada del juicio, declararon peritos y testigos. El arquitecto municipal, Enrique Arrabal, negó que el informe técnico relativo a la licencia en cuestión fuera favorable, como habían asegurado los acusados el día anterior.

Según Arrabal, el documento "concluye que el proyecto no se ajusta al ordenamiento" de 1986, que consideraba vigente, al contemplar viviendas en un suelo urbano calificado como sistema general de equipamientos. Pero incluso contravenía, aunque en aspectos subsanables con la modificación del proyecto, la revisión del plan general de 1998. Este documento, impugnado por la Junta, era el que utilizaba el equipo de Gil para conceder las licencias.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Marbella, Leopoldo Barrantes, declaró que en las comisiones de gobierno, leía el informe técnico completo, en contra de lo asegurado por los acusados. Muñoz había dicho el día anterior: "Jamás leíamos los informes, el secretario informaba de cómo venían, si eran favorables o desfavorables", y según la recomendación, votaban. Barrantes dijo, además, que "era general y notorio que sólo se llevaba el informe técnico. No había informe jurídico".

El secretario del Ayuntamiento reconoció en el juicio que no había "delegación expresa" de competencias urbanísticas por parte de Gil a sus ediles. Pero explicó a la prensa que sí existía un decreto con dicha delegación, y que los requisitos legales que faltaban -información en pleno y publicación- eran meros formalismos, por lo que los ediles sí tenían competencia para dar licencias, en contra de lo defendido ayer por uno de los abogados.

Para el ministerio público, el que Muñoz presidiera como alcalde accidental la comisión de gobierno, ante la ausencia de Gil, y que éstos votaran, implica la presencia del órgano competente y de una delegación efectiva.

El fiscal entiende que los acusados conocían que el plan general de 1986 no tenía validez al no estar publicado, y que actuaron a sabiendas, "sin más cobertura que un planeamiento [la revisión de 1998] no aprobado por el órgano competente". Según el ministerio público, los concejales "no pueden invocar un desconocimiento tan total", sino que "estaban obligados a comprobar no sólo el alcance de la resolución que van a tomar, sino también a revisar los informes o expedientes".

El letrado de Julián Muñoz, José María del Nido, calificó como "insulto a los tribunales" el considerar que los ediles conocían la normativa urbanística aplicable en Marbella, cuando los órganos jurisdiccionales han estado "cinco años sin saber cuál aplicar".