A vueltas con Canal 9

El directivo de Televisión Valenciana y columnista del diario El Mundo, Lluis Motes, escribía el viernes pasado en ese diario que "arrearle a la TV pública sale gratis, todo el mundo lo sabe". Debo suponer que se refería a la TV en general y a un fenómeno que se registra allí donde hay un tinglado informativo de titularidad pública, pues casi todos son similares en punto a -mala- calidad y reproducen las mismas perversiones. También es cierto que sus responsables profesionales suelen compartir, resignados o compungidos, la citada opinión victimista. Al fin y al cabo, alegan que ellos no son más que unos mandados, excepción hecha de cuando ejercen de cómplices felices, que los hay a porrillo.

Ignoro si en otras televisiones autonómicas la crítica y los varapalos salen gratis, aunque me cuesta creerlo, pero lo que no tiene vuelta de hoja es que en RTVV se pagan caros. Por lo pronto con la marginación. Se margina a los profesionales de la casa que postulan más transparencia, objetividad y decencia en la programación. El colega Motes no me negaría el apartado de los compañeros sobradamente capacitados que han sido enviados a las galeras del ostracismo mientras se satura la plantilla con una muchachada troquelada para la obsecuencia. Y se margina, claro está, a cuantos, ajenos a las pautas dóciles de la casa, podrían aportar opiniones discrepantes con la línea propagandística establecida.

O sea, que se paga. Y lo que resulta más deprimente es que, en ocasiones, ni se sabe por qué se castiga a unos individuos con un largo historial en el oficio y talante apacible. De la noche al día se les borra del cuadro de colaboradores, sumiéndoles -y también a los demás- en la perplejidad. ¿Qué ha pasado? ¿Gritaron no a la intervención en Irak? ¿Escribieron que es un atropello el maltrato que RTVV le otorga a la canción valenciana, a sus autores e intérpretes? ¿Acaso objetaron los privilegios de unas empresas productoras, o la estúpida liquidación de los debates sobre asuntos vivos y apremiantes, como al agua, la crisis industrial, el saqueo del territorio, la falta de inversiones estratégicas, etcétera?

No vamos a insistir en las arremetidas, aunque sobran motivos y más que habrá mientras el consejero sin cartera Estéban González Pons se obstine en convertir Canal 9 en la voz de su amo -como lo viene siendo desde su origen, todo hay que decirlo-, ciscándose en la naturaleza pública del medio. Queremos decir, en el pueblo soberano que la financia y reclama -o debe reclamar-, que la TV autonómica responda a los principios que alentaron su creación. Algo que puede parecer una ingenuidad después de tantos años de manipulación, pero que sigue siendo una reivindicación tan apremiante como la de libertades en los años primerizos de la transición. Esta es una batalla perdida por los demócratas y una victoria pendiente que el PP dio visos de encarar hasta que la inercia de los viejos vicios arrolló su discurso centrista y ético.

Nada de todo esto sería pertinente si la RTVV fuese una empresa privada, que puede hacer -como hacen- de su capa un sayo. Pero es pública y por más onerosa -y pírrica- que resulte la crítica tenemos obligación de insistir en ella. Sobre todo ahora, cuando el gobierno autonómico se apresta a repartir los canales de televisión digital terrestre. ¿Con qué criterios ha de hacerlo, visto el modelo que prolonga en Burjassot? ¿Se garantizarán la libertad de expresión y el derecho a la información, tal como reclama la Plataforma cívica per uns mitjans al servei dels ciutadans, constituida al afecto?

No hay razón para el optimismo. Este partido que gobierna, el de Francisco Camps, ya ha demostrado su parco compromiso con las libertades y, además, ha perdido el ímpetu y la seguridad en sí mismo de sus años estelares. Se siente amenazado, por más que su alternativa, el PSPV, apenas resuelle, y se blindará con todas las armas, empezando como siempre por las mediáticas. Por eso adjudicará las licencias de TDT a sus incondicionales. Se trata, ciertamente, de una premonición. Pero si estos liberales a la margarita no saben dar ejemplo administrando RTVV, ¿cómo van a exigírselo a los adjudicatarios? Siempre nos quedará el derecho al pataleo y al zurriagazo, aunque no sea gratis.