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El Gobierno catalán denuncia que Iberia represalia a Barcelona al recortar vuelos

Políticos y empresarios quieren gestionar el aeropuerto para paliar el recorte de la compañía

Iberia es una empresa privada y puede tomar las decisiones que crea oportunas, pero no reduciría su presencia en Barcelona si el aeropuerto de El Prat estuviera gestionado desde Cataluña. Ésta es la opinión generalizada de empresarios y políticos respecto al anuncio hecho por el presidente de la compañía, Fernando Conte, de una posible reducción de vuelos internacionales desde Barcelona. El Gobierno catalán cree que Iberia recibe un trato preferente de AENA y tacha de represalia su decisión. El Ejecutivo negocia con Fomento la entrada en la gestión del aeropuerto. Las negociaciones van "muy lentas".

Empresarios, sindicatos y representantes de los municipios más directamente afectados y de los partidos políticos, excepto el Partido Popular, reaccionaron ayer de forma casi unánime: Iberia es una empresa y, como tal, puede hacer lo que quiera, pero la reducción de vuelos internacionales desde Barcelona no tiene nada que ver con la competencia de las compañías de bajo coste, sino con su gigantismo y, sobre todo, con el trato preferente de AENA que recibe la empresa en Barajas.

Joaquim Nadal, portavoz del Gobierno de la Generalitat, expresó su convicción de que el anuncio de Iberia es una "represalia política" por las ayudas del Ejecutivo a vuelos que se realicen desde Reus o Girona. Pero estas ayudas se dan a proyectos y vuelos, e Iberia las tendría si optara a ellas. En ningún caso reciben ayuda los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Barcelona, donde ha anunciado Iberia que proyecta abandonar algunas rutas internacionales.

La idea central, formulada de modo explícito por Xavier Casas, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, y por Joan Boada, portavoz de ICV en el Parlament, es que si el aeropuerto se gestionara desde Barcelona, quizá no se habría evitado la decisión de Iberia, pero se habría podido prever y, sobre todo, se podría incentivar a otras compañías para suplir la marcha de la empresa española de bandera.

AENA e Iberia están en el mismo barco, dijo Xavier Casas, quien añadió que las negociaciones con el Gobierno sobre el traspaso del aeropuerto están en punto muerto: "El ministerio no dice ni sí ni no". No obstante, expresó su confianza en que pronto se desatasque la cuestión e insistió en que la decisión de la compañía es "una sorpresa" y una muestra de la necesidad de que la gestión del aeropuerto cuente con participación de las instituciones políticas y empresariales catalanas. Joan Boada aseguró que la decisión de Iberia no responde sólo a intereses de mercado, sino a la intención de potenciar Barajas "de la mano de ese bodrio llamado AENA".

Boada y Casas, al igual que el portavoz y diputado de CiU Josep Rull, calificaron la decisión de equivocada. Rull recordó que Iberia tiene el contrato de handling (asistencia en tierra a pasajeros) en Barcelona y sugirió que la retirada de la compañía debería ir acompañada de una revisión de este contrato.

El alcalde de El Prat, Lluís Tejedor, en cambio, sostuvo que se trata de una decisión "coyuntural" y que Iberia volverá a Barcelona porque es un aeropuerto de futuro. Tejedor también opina que la gestión del aeropuerto desde Cataluña tendría otras consecuencias porque, dijo, AENA ofrece a Iberia unas condiciones que nadie más puede ofrecerle.

Alberto Fernández Díaz, líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, emitió un comunicado en el que critica la pasividad del equipo municipal respecto a la decisión de Iberia.

La decisión de Iberia contrasta con la de Air Europa, que ayer mismo presentó un nuevo vuelo internacional desde Barcelona a Shanghai, que empezará a operar con carácter semanal el 25 de septiembre. "No sólo no pensamos reducir vuelos, pensamos ampliar nuestra presencia en Barcelona", dijo un portavoz de la compañía. El Ministerio de Fomento explicó que Aviación Civil sólo puede hacer cumplir a la compañía los compromisos contraídos, en el caso de que acabe por reducir el número de vuelos.Las principales patronales catalanas respetaron la decisión, pero la consideraron "desacertada". El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, fue el más prudente de todos. "Se trata de una decisión económica de una empresa privada" que, por lo tanto, "tiene derecho a seguir las políticas que crea conveniente", dijo, y anunció que dará su opinión cuando la decisión de Iberia sea firme. Aunque el director de estudios económicos de Fomento del Trabajo, Salvador Guillermo, compartió las palabras de Valls, añadió que la reducción de vuelos "les va hacer perder posiciones y acabará perjudicándoles a medio plazo". Los huecos de mercado que deje libre "tarde o temprano serán cubiertos por otras aerolíneas", aseguró.

Esta tesis es compartida por Antoni Hostench, presidente de la Cámara de Comercio de Girona. "Los vuelos transoceánicos operados por otras compañías", como Air Europa, "tienen una respuesta muy positiva". A su juicio, "si es verdad que Iberia pierde cuota de mercado", lo mejor que puede hacer, en vez de abandonar, "es espabilarse". Francesc Cabrer, presidente de la Cámara de Reus, la otra ciudad -junto con Girona- donde las compañías de bajo coste están muy presentes, sostuvo que la decisión tomada por Iberia "no tiene ninguna justificación". En su opinión, las aerolíneas baratas, como Ryan Air, "no son competencia de las grandes compañías", como Iberia. "Siempre ocurre lo mismo", apostilló, "todo se acaba concentrado en Madrid".

Albert Roca, director de economía y política industrial de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Pimec), compartió la opinión de Cabrer. "España tiene un modelo demasiado centralizado en Madrid", dijo. Aun así, "si Cataluña gestionara íntegramente sus infraestructuras, mejoraría su eficiencia y podría cambiar el modelo actual". El presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, aconsejó a Iberia que reconsiderase su decisión. A su juicio, "Barcelona, por su posición geográfica, está mejor situada para afianzarse como la puerta hacia Oriente".

Los sindicatos UGT y CC OO consideraron "negativo" este anuncio. Omar Minguillón, de UGT, cree que Iberia pretende convertir el aeropuerto de Barcelona en uno "de segunda clase", a pesar de que es un mercado que tiende al alza. Jorge Gómez, de CC OO, sostuvo que la decisión es una afrenta al Gobierno catalán.

Las instituciones catalanas insistieron en desvincular esta polémica de la bronca política surgida por la OPA de Gas Natural sobre Endesa. El principal accionista de Endesa es Caja Madrid, uno de los accionistas de referencia de Iberia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de septiembre de 2005