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Editorial:

Eficacia antiterrorista

La eficacia de la lucha policial y judicial, así como la acertada acción legislativa, han debilitado a ETA hasta el punto de hacer verosímil el pronto final de la banda, según el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Es la condición institucional de quien así opina lo que otorga plausibilidad a ese juicio, incluido en la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2004, presentada ayer con motivo de la apertura del año judicial.

Con independencia de la valoración que merezcan las efervescentes sugerencias cruzadas estos días sobre la mejor forma de acelerar el final definitivo de ETA, lo determinante en el debilitamiento de la banda ha sido la acción del Estado de derecho. En 2004 hubo 32 atentados de ETA y ninguna víctima mortal ni herido grave, cifras que no se registraban desde 1972. A la vez, hubo 120 detenidos de la banda, en España y Francia, dos tercios de los cuales fueron procesados. Complementariamente, la ilegalización de Batasuna en 2002, en aplicación de la Ley de Partidos, y la puesta fuera de la ley de otros instrumentos del entramado montado en torno a ETA debilitaron su capacidad intimidatoria.

Es muy probable que la ausencia de atentados mortales sea un efecto derivado de la presión de Batasuna, cuya aspiración de ser relegalizada depende de su capacidad para convencer a ETA de que se retire. Se trata de un efecto no previsto de la Ley de Partidos, derivación a su vez del Pacto Antiterrorista. La valoración de Conde-Pumpido implica, por tanto, un reconocimiento de la política antiterrorista iniciada por el PP y secundada por el PSOE. Está fuera de lugar, por ello, la contraposición por parte del PP entre derrota de ETA y abandono de la violencia por parte de la banda: si hoy es posible -sólo posible- acercar el fin de ETA desde la política es porque iniciativas legislativas como la Ley de Partidos, unidas a la eficacia policial y judicial, han llevado al mundo etarra (en sentido amplio) a plantearse la posibilidad de renunciar a la estrategia político-militar y pasar a defender sus ideas pacíficamente. En eso consiste la derrota de ETA.

Por lo mismo, tampoco tiene sentido la pretensión de los partidos nacionalistas de aliviar la presión sobre Batasuna derogando la Ley de Partidos y haciendo concesiones en política penitenciaria. Tales cosas serán en su caso el efecto del abandono de la violencia, y no su condición previa, según establece la resolución aprobada por el Congreso el 17 de mayo con su voto favorable.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de septiembre de 2005