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Tres jóvenes delincuentes se fugan del nuevo centro de menores de Tenerife

Uno de ellos, mayor de 18 años, ha cumplido condena y tiene "un perfil muy violento"

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil buscan a tres jóvenes delincuentes que se fugaron del centro de medidas judiciales Valle Tabares II, en Santa Cruz de Tenerife, a pesar de que fue presentado antes de verano por el presidente del Gobierno autónomo, Adán Martín Menis, como "una instalación ejemplar, entre las más seguras y modernas de toda España".

Uno de los jóvenes delincuentes reincidentes es mayor de 18 años, tiene "un perfil muy violento", cumplió condena en la prisión Tenerife II y, a su salida, fue detenido de nuevo por otros delitos cometidos cuando era menor e ingresado en el centro de medidas judiciales. Sus dos compañeros de fuga cumplían una pena de 18 meses más otros seis de libertad vigilada, ninguno por delitos de sangre. Los tres accedieron el jueves a una habitación que no era la que ocupaban habitualmente, serraron los barrotes, rompieron los cristales y burlaron tanto muros como alambradas, cámaras de vídeo y sensores de movimiento que rodean el recinto.

Un portavoz oficial del Ejecutivo canario reconoció ayer que esta ventana "era el único punto muerto de todo el centro y ellos [en referencia a los huidos] lo sabían perfectamente". El Gobierno ha abierto una investigación para determinar lo ocurrido.

Los centros de medidas judiciales para menores y jóvenes de Canarias fueron sometidos a un amplio estudio por parte del Diputado del Común, después de que en su interior se produjeran al menos tres muertes, violaciones, cientos de peleas, motines y altercados, en un ambiente donde quedó en evidencia la inadecuada formación de los vigilantes, la superioridad de los internos frente a los educadores, la gestión inadecuada y la falta de medios y descoordinación entre el Gobierno y los órganos judiciales. De hecho, éste fue uno de los motivos esgrimidos por el presidente Adán Martín para expulsar a sus socios del PP en el Gobierno.

La remodelación del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales coincidió con dos órdenes judiciales que conminaban a la clausura inmediata de dos centros, que no garantizaban el derecho a la vida de los menores y en los que se habían registrado muertes y malos tratos.

Los internos se trasladaron a Valle Tabares II, una fortaleza, donde han continuado los altercados. "Estos chicos no tienen nada de ángeles", reconoció el mismo portavoz oficial ayer. "No son niños; muchos tienen más de 18 años, un perfil muy violento, muy agresivo, no aceptan las normas y sus familias han desistido porque no pueden con ellos".

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