La ley que aprobó el PP impide la compensación por más población

El PP puso el techo tan alto que ha resultado inalcanzable. La Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 2001, que establecía un sistema de compensación para gastos sanitarios ligado al crecimiento poblacional, impide que las autonomías puedan beneficiarse de esas aportaciones. Para acceder a esos ingresos extra, debería darse en su censo un aumento anual de tres puntos por encima de la media de toda España. Ninguna comunidad cumplió ese requisito en los últimos tres años.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el crecimiento de la población durante los últimos tres años en las comunidades autónomas certifican la inutilidad del sistema aprobado en 2001. Ni siquiera las autonomías que han experimentado un mayor crecimiento en su padrón han rozado las compensaciones que establece la norma. La propuesta que el Gobierno ha ofrecido ahora a las comunidades pretende paliar el déficit sanitario, que este año alcanzará, según los expertos, los 7.000 millones.

Madrid es una de las autonomías más combativas con la propuesta del Ejecutivo, que plantea subir los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y permitir a las autonomías gravar más la gasolina para enjugar esa deuda. Su presidenta, Esperanza Aguirre, ha reclamado repetidamente al Gobierno central que aplique la norma de 2001 para compensar con dinero los incrementos de población. Sin embargo, eso es lo que se ha hecho hasta ahora: aplicar la ley, y a su comunidad no le correspondería compensación alguna.

El artículo 67 de la ley de financiación de las comunidades dice textualmente: "Queda afectado el nivel de prestación del servicio público fundamental de sanidad, cuando el incremento de la población protegida, debidamente ponderada en función de la edad, en la comunidad autónoma entre un año y el siguiente, expresado en términos porcentuales, sea superior, en más de tres puntos, al incremento porcentual que experimente en ese mismo periodo la media nacional".

La realidad ha demostrado que el techo establecido es demasiado alto para que ninguna autonomía haya podido siquiera rozarlo. Entre 2002 y 2004 la población en España creció una media del 1,34% (2,10% en 2002; 1,13% en 2003 y un 1,80% en 2004), según el INE. Eso supone que en 2002, para que una comunidad recibiera las compensaciones para paliar el déficit sanitario, tendría que haber experimentado un crecimiento del 5,10% de la población.

Las autonomías que más se acercaron, aunque se quedaron a bastante distancia del límite establecido, fueron Madrid (3,47%), Murcia (3,44%), Comunidad Valenciana (3,33%) y las Islas Baleares (3,31%). En el caso de la Comunidad de Madrid, en ese año debería haber aumentado su población en 281.884 personas, pero su padrón sólo engordó con respecto al año anterior en 191.790.

En los años posteriores, la brecha aumenta aún más. En 2003, el crecimiento medio de la población española fue del 1,13%. Una vez sumados los tres puntos porcentuales que establece la norma, para recibir ingresos extra para la sanidad, el padrón de una comunidad debería haber aumentado en un 4,13%. El grupo de comunidades que más se acercaron estaba compuesto por La Rioja (2,14%), Murcia (2,01%) y Castilla-La Mancha (1,82%).

La misma situación se repite en 2004. Las autonomías con mayor crecimiento tampoco alcanzaron lo exigido. En este caso era necesario un 4,80%. Murcia encabezaba la lista con un 3,07%. Le seguían la Comunidad Valenciana (2,85%) y Baleares (2,67%).