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Columna
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La patria del capital

Josep Ramoneda

El capital no tiene patria y mucho menos en la modernidad líquida. El dinero no sabe de raíces ni de pertenencias nacionales. Va de un lado a otro y se posa en un lugar a la espera de la ocasión de emprender el vuelo hacia otra parte. Sin embargo, uno de los factores que miden la fuerza de un país es el poder de decisión que acumula en materia económica. Estos dos hechos, que no son contradictorios, sino complementarios, tienen que ver con el revuelo que ha levantado la OPA de Gas Natural sobre Endesa.

La fuerza de atracción de Madrid como capital es indudable. El dinero, que no quiere riesgos, tiende a dejarse arrastrar por este imán, porque sabe las ventajas de estar en este centro de masa crítica tanto política, como económico, como comunicacional. Cuando aparece desde la periferia alguna iniciativa que rompe con esta lógica se produce el escándalo. El presidente Maragall ha dicho repetidas veces que lo que Cataluña quiere no es irse de España, sino mandar en España. Mandar en España es tener poder político, pero también poder de decisión económica. Y cuando una empresa catalana intenta hacerse con un puesto clave en un sector estratégico se produce el escándalo. Si detrás está La Caixa el escándalo es mayúsculo, porque el carácter semipúblico de la institución permite redoblar el argumento. Un editorial de un diario de Madrid da la clave: no se puede "sustituir el poder público español por el poder público de una determinada comunidad". O sea, que el poder público catalán no es un poder público español. Es exactamente lo que cree cualquier independentista o nacionalista catalán. Y por eso quiere irse.

Contra esta OPA se han desarrollado fundamentalmente dos tipos de argumentos: que daña la competencia y que está politizada. Sobre la competencia sólo decir que me parece muy osado afirmar que un movimiento de capitales puede afectar en un sector tan regulado como el energético.

El debate sobre la politización tiene dos partes. La derecha da por supuesto que esta operación se hace con la colaboración y asentimiento de los gobiernos catalán y español. A mí me parece que lo que ha ocurrido es que La Caixa ha aprovechado una oportunidad. Evidentemente, la coyuntura actual le es más favorable que la anterior, en la que el poder político -entonces en manos de la derecha que ahora se queja de intromisiones políticas- le vetó operaciones parecidas. Es cierto que en España el acceso al poder político acostumbra a ir acompañado de un intento de control del poder económico. Pero en esto nadie gana al PP, sin duda el Gobierno más intervencionista de la democracia, que utilizó las privatizaciones de Estado para trazar un sistema económico a su imagen y semejanza. El problema de entregar la economía a servidores del poder político es que éstos a veces, movidos por sus pulsiones servilistas, se adaptan muy bien a los que vienen detrás.

La segunda parte de la objeción política es la conquista de poder por parte de Cataluña. La OPA como maniobra del lobby del tripartito, como algunos han dicho. La primera obligación de cualquier gobierno es optimizar las posiciones del territorio que gobierna. Para el Gobierno catalán es una buena noticia que las instituciones empresariales ganen poder en España. Y me parece inobjetable que empuje en esta dirección. Es más, es el camino del compromiso de Cataluña con España, porque si se considera inaceptable que unas empresas catalanas sean decisivas en un sector estratégico, se está negando a Cataluña su reconocimiento como parte de España. Y esto es lo grave del espectáculo que está dando el PP con esta OPA.

En el fondo, el problema es que en la conferencia de prensa de presentación de la OPA se habló en catalán y en castellano. Si se hubiese hablado en inglés y en castellano, muchos de los que ahora la critican la hubieran considerado una operación más de la lógica financiera de una economía globalizada. Algunos ya han sugerido acudir al capital extranjero para frenar la OPA catalana.

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