Batasuna responderá a la "agresión" tras la imputación de cargos de EHAK
El sindicato LAB dice que su líder también es acusado por el juez
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado a declarar al secretario general del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga, como imputado por pertenencia a banda armada, según aseguró ayer la central sindical. Este hecho y la imputación de más dirigentes de Batasuna fueron criticados por Otegi como un "nuevo paso en la represión estructural". Y advirtió de que su formación mantiene su apuesta por el diálogo, aunque está "al límite de su paciencia" y "responderá con firmeza" a estas "agresiones".
El sindicato abertzale LAB daba ayer a conocer, a través del diario Gara, que su líder Rafael Díez Usabiaga ha sido citado a declarar el 12 de septiembre, imputado por "pertenencia a banda armada", por el juez Fernando Grande-Marlaska, dentro del sumario 35/02, que se conoce como el de las herriko tabernas, en el que están procesados cerca de medio centenar de miembros y dirigentes de Batasuna.
Díez Usabiaga es ideólogo indiscutible de la izquierda abertzale, líder de la única entidad jurídica que les queda legalizada -el sindicato LAB- y persona de referencia en todos los episodios de diálogo que ha protagonizado el mundo radical. Su citación como imputado no por esperada -conocían desde marzo la investigación sobre LAB- ha dejado de producir gran impacto en el entorno independentista, según se desprende del tono de las reacciones.
La dirección del sindicato anunciaba ayer una comparecencia para mañana lunes y, entretanto, denunciaba que estas "maniobras judiciales" no son una casualidad. Atribuía al presidente José Luis Rodríguez Zapatero la responsabilidad política de este "impulso a la represión y criminalización" contra la izquierda abertzale, y ponía en entredicho la credibilidad y la voluntad del Gobierno en la superación del conflicto, "un proceso que empieza a tambalearse".
Díez Usabiaga estuvo procesado por el juez Baltasar Garzón, pero su expediente, en el que se formulaba una acusación parecida a la actual, fue sobreseído en 1998, cuando el Pacto de Lizarra propició la tregua de ETA y dio pie a las conversaciones exploratorias entre el Gobierno del PP y HB en las que él fue uno de los tres interlocutores abertzales.
La imputación actual a Díez Usabiaga junto a otros miembros de la dirección de LAB se inscribe en la investigación a este sindicato por haber ayudado presuntamente a la ilegalizada Batasuna en su estrategia de organizar una lista electoral blanca, la denominada Aukera Guztiak que resultó finalmente anulada.
El juez Grande-Marlaska, ha abierto además otro procedimiento relativo al Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas en euskera), en el que ha citado a declarar como imputados por pertenencia y colaboración con ETA a siete personas, entre ellas dos miembros de Batasuna: el responsable de comunicación, Juan José Petrikorena, y Joseba Zinkunegi.
Ambos comparecieron ayer en rueda de prensa junto a Arnaldo Otegi y Joseba Permach. Según el portavoz abertzale, se trata de un nuevo paso en el mantenimiento de la "represión estructural", y aseguró que se le pone difícil a Batasuna mantener la responsabilidad cuando sus dirigentes desfilan por la Audiencia Nacional. Pese a ello, dijo que esta formación "mantiene su apuesta firme por la superación del conflicto", pero añadió que "responderán con firmeza a estas agresiones". Y advirtió de que, en esta situación, Batasuna no va a permitir que se le haga responsable de ningún "enfrentamiento popular o armado".
Francisco José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que presentó la querella contra EHAK, se mostró ayer satisfecho por estas citaciones y dijo que "hay argumentos suficientes" para sostener que este partido "es sustituto de la ilegalizada Batasuna". Mientras, la presidenta del Parlamento vasco, la peneuvista Izaskun Bilbao, aseguraba que la decisión de Grande-Marlaska "no ayuda demasiado" a un proceso de paz.
Entretanto, ETA ha enviado una nueva remesa de cartas de extorsión, incluso a pequeños comercios. La patronal Confebask ha llamado a mantener la actitud de "no ceder".
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