Barcelona aumentará la presión policial y las sanciones a los incívicos

Más presión policial e inspectores en la calle, más sanciones, la introducción de trabajos a la comunidad y la persecución de la prostitución callejera son algunas de las medidas que se barajan introducir en la ordenanza de la convivencia que prepara el Ayuntamiento de Barcelona como respuesta al incremento de la conflictividad que ocasionan los comportamientos incívicos.

La nueva ordenanza pretende poner orden y simplificar la aplicación de otras ya existentes, y supone la introducción de tipificaciones y sanciones nuevas. Una de las más llamativas es la de la prostitución callejera, una actividad que hasta ahora no estaba regulada. Dentro del esquema de la ordenanza de la conviviencia, que previsiblemente estará acabada el próximo mes de octubre, la prostitución "y captación de clientes de la prostitución en el espacio público" se entiende como una infracción con sanción. La misma consideración tienen la mendicidad en la calle, la realización de pintadas, la venta del top-manta y la contaminación acústica. Lo que no está decidido todavía es el tipo de sanción que se debe imponer para que sean efectivas.

De poco sirve imponer multas si el sancionado se declara insolvente o es imposible cobrarlas. Ocurre, por ejemplo, con los grafiteros que son pillados en flagrante. Para esas conductas y otras que causan desperfectos en el espacio y el mobiliario público, los técnicos que elaboran la ordenanza se inclinan por otras medidas alternativas, como los trabajos para la comunidad o el particular perjudicado siempre que preste su consentimiento. En el caso concreto de la prostitución, lo que se pretende es erradicar la de la calle y forzar que se ejerza en locales, lo que ya fue regulado hace dos años. Para ello, fuentes del consistorio señalaron que se aumentará la presión policial en los lugares donde se produce más ese fenómeno con el objetivo de ahuyentar a los clientes.

Un capítulo parecido es el de la mendicidad, un fenómeno que hasta ahora no estaba previsto como infracción sancionable. A los responsables de las redes -por ejemplo, a los que reparten a los menores- se les sancionará administrativamente. La ordenanza la están elaborando los servicios jurídicos del consistorio, que cuentan con el asesoramiento de tres catedráticos de derecho constitucional, administrativo y penal. Fuentes del consistorio apuntaron que en no pocas medidas contra conductas que se persigue erradicar puede producirse una colisión con los derechos fundamentales de las personas.

Precisamente, la elaboración de esa ordenanza y la necesidad de la justicia de proximidad fueron tratadas ayer en la reunión que mantuvieron el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos. En el encuentro, el alcalde urgió al Gobierno el proceso de aprobación de la ley de la justicia de proximidad, que es la que permitirá el desarrollo del modelo de jueces para las faltas e infracciones menores que prevé la Carta de Barcelona. El articulado que proponía la Carta Municipal quedó a expensas de que la aprobación de una ley general para todas las ciudades que quieran desarrollar el modelo de justicia de proximidad. De ahí las prisas de Barcelona.

En relación con la polémica de las actitudes incívicas y la forma de atajarlas, que se debatirá en un pleno monográfico el próximo martes en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Antoni Duran Lleida, secretario general de Convergència i Unió (CiU), afirmó ayer que Barcelona ha dejado de ser la ciudad "guapa" tras cambiar esa imagen por la de una ciudad sucia y donde se permite todo tipo de gamberradas. Por ello, reclamó ayer al consistorio que aplique "medidas represoras" para "acabar con el gamberrismo, la impunidad de los okupas y el incivismo" en la ciudad.

También en relación con el mismo asunto, Alberto Fernández, presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento, acusó ayer a ERC e ICV -socios de Clos en el gobierno municipal- de ser irresponsables en el control del incivismo.