El Gobierno catalán se da una semana para pactar la Oficina Antifraude

El Gobierno catalán aplazó ayer hasta la próxima semana el envío al Parlament del proyecto de ley de creación de la Oficina Antifraude. Durante esta semana se pretende "ajustar" algunos aspectos del proyecto sobre los que todavía no hay acuerdo, porque se persigue una mayor "finura" jurídica. Entre ellos se cuentan las relaciones entre esta oficina y la Intervención de la Generalitat, las garantías, control y privacidad de las actuaciones de la oficina y la delimitación de sus actuaciones con las de la justicia, aspectos que han enfrentado a ERC y PSC.

El primer consejero, Josep Bargalló, y el portavoz del Ejecutivo, Joaquim Nadal, se esforzaron por quitar significación política a este nuevo retraso y lo atribuyeron a la complejidad jurídica de un proyecto que según ellos no tiene precedente ni en España ni en la Unión Europea.

La versión oficial dada por Nadal en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gobierno es que éste "analizó, debatió y acordó" la creación de la Oficina Antifraude. Pero luego precisó que el proyecto no podrá ser enviado al Parlament hasta la semana que viene, después de que el propio Gobierno examine "algunos ajustes" que han quedado pendientes.

Al hilo de las preguntas, resultó también que algunos de los aspectos del proyecto que en los últimos meses han provocado fuertes desavenencias entre los miembros del Gobierno afectados por él han sido remitidos a posterior concreción por el reglamento que desarrollará la ley. Uno de estos aspectos que desarrollar es si la policía autónomica trabajará "con" o "para" la oficina.

Todo esto no impidió que Bargalló calificara la creación de esta oficina como una decisión "pionera" en España y en la Unión Europea. Y que Nadal asegurara que el "constructivo y muy eficaz" debate del Gobierno sobre este asunto ha dado lugar a un "amplísimo acuerdo".

Hasta que actúe la Fiscalía

Bargalló explicó que la oficina se configurará como un organismo independiente del Gobierno, dedicado a la prevención e investigación de posibles casos de fraude o corrupción en la Administración catalana y no como una mera "sección de asuntos internos". Estas investigaciones "se detendrán cuando surjan hipotéticos delitos y entre en acción la Fiscalía", precisó.

El director de la Oficina será propuesto por el Gobierno, se someterá a un examen del Parlament "parecido a la evaluación del sistema de hearing" estadounidense, y si lo supera será nombrado por el presidente de la Generalitat.

La oficina se relacionará con el Gobierno catalán a través del departamento del primer consejero. Pero su titular, Bargalló, aseguró que la independencia de la oficina será total. Para ello se prevé que sus miembros no sean funcionarios ni de la Generalitat ni del Parlament. "Será una oficina que podrá investigar al primer consejero sin que el primer consejero se entere de ello", aseguró Bargalló para ponderar su independencia funcional y política.

La Oficina Antifraude es uno de los compromisos que constan en el programa del Gobierno. Pero su creación fue urgida por un acuerdo del Parlament después del hundimiento del túnel del metro en el Carmel.El Gobierno adoptó también, en su reunión de ayer, los siguientes acuerdos:

- Siete nuevos centros de atención primaria. La Generalitat construirá siete nuevos centros de atención primaria (CAP) en Badalona (Barcelonès), Blanes (La Selva), Castelló d'Empúries (Alt Empordà), Santa Bàrbara (Montsià), Roda de Ter (Osona), Manresa (Bages) y Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental). Su presupuesto supera los 14 millones de euros.

- Infraestructuras. El Gobierno ha dado un paso adelante en las obras de desdoblamiento de la C-31 entre Palamós y Palafrugell (Baix Empordà). Hoy ha aprobado el trámite de expropiación de los terrenos afectados por este proyecto, que mejorará la accesibilidad en las principales zonas turísticas de la Costa Brava.

El Gobierno también ha aprobado las expropiaciones para las obras de mejora de la GI-503 entre Maçanet de Cabrenys y Darnius (Alt Empordà), la C-252 en Garriguella (Alt Empordà), y la T-310 a su paso por Mont-roig del Camp (Baix Camp).

- Mossos d'Esquadra. El Consell Executiu ha aprobado la construcción de la Comisaria Central de los Mossos d'Esquadra en Sabadell (Vallès Occidental). Las instalaciones superarán los 55.000 metros cuadrados y las obras tienen un presupuesto de más de 77 millones de euros.

- Cooperación. El Ejecutivo creará el Comité Catalán de Ayuda Humanitaria y de Emergencia, un nuevo organismo que coordinará el sector público y las entidades no gubernamentales en conflictos y situaciones de emergencia en países en desarrollo.

El Gobierno autónomo también ha acordado subvencionar con medio millón de euros la Asociación Catalana de Amigos del Pueblo Saharaui. Esta organización sin ánimo de lucro, creada en 1996, impulsa proyectos de ayuda humanitaria en el Sáhara Occidental, como colonias de verano para niños saharauis en Cataluña o el envío de material de primera necesidad a los campos de refugiados.

- Consorcio del transporte público en Lleida. Este nuevo organismo, que lo formarán la Generalitat, el Consejo Comarcal del Segrià y el Ayuntamiento de Lleida, tendrá como principal misión planificar el transporte público en la ciudad e implantar un sistema integrado de las tarifas de los diferentes operadores viarios y ferroviarios.