Desafío atajado

La Ertzaintza cumplió ayer con su deber de impedir que se llevara a cabo en el bulevar de San Sebastián la manifestación convocada por Batasuna y prohibida por el Departamento de Interior y el Tribunal Superior del País Vasco. Y los seguidores de la formación ilegalizada fueron también fieles a su particular código de conducta, protagonizando diversos incidentes -con más de una decena de heridos, ajenos la mayoría al tumulto- en una ciudad que comenzaba ayer su Semana Grande, cuando vieron frustrado por el despliegue policial el pulso que habían planteado a la legalidad.

La política del apaciguamiento, de ceder al chantaje por tener la fiesta en paz, fue la que destiló en Euskadi ese caldo de impunidad del que se ha nutrido el mundo de ETA y que ha costado tanto achicar. Al convocar abiertamente la marcha, Otegi y los suyos, desalojados de las instituciones con su marca registrada, han pretendido afirmar su presencia pública y, al mismo tiempo, forzar las costuras de la ilegalización. Y de paso, suscitar contradicciones en los partidos del Gobierno vasco, contrarios a esa medida. La publicidad gratuita la han conseguido, sin duda, pero hubiera sido una irresponsabilidad ceder a la provocación. Porque las opiniones políticas que se tengan sobre la Ley de Partidos no eximen a los poderes públicos de cumplir las resoluciones judiciales firmes, ni menos aún permiten cerrar los ojos a las evidencias.

Ciertamente, la ilegalización de Batasuna no priva a sus seguidores de sus derechos individuales. Pero si quien comunica una manifestación es un miembro connotado de este partido; si los principales dirigentes de la formación la convocan públicamente a continuación; si su lema coincide con el que viene publicitando ésta, y la marcha propuesta coincide en lugar, día y hora con las que ha venido celebrando en los últimos 10 años, lo lógico es concluir que se trata de un intento de Batasuna de burlar las consecuencias de la ilegalización mediante persona interpuesta. Por ello, resulta difícil de entender el angélico voto particular del presidente de la Sala de Vacaciones del Tribunal Superior del País Vasco.

Quienes llamaron a la marcha pese a la prohibición y amagaron con provocar una "batalla campal" si no se les permitía actuar a sus anchas deben responder con todo rigor ahora por los daños personales y materiales causados en una ciudad que fue tomada, oportunistamente, como escenario para su desafío.