La suma de todos

Que la Comunidad de Madrid desde el asunto de Tamayo y Sáez se ha convertido en una especie de monarquía bananera, que nos recuerda a la España rural y atrasada de antaño, donde el alcalde, el cura, el médico y el boticario, hacían y deshacían entre envite y órdago al mus, lo evidencia las peripecias y el resultado del concurso de televisión local que ha resuelto en pleno mes de agosto el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Que la decisión supone una flagrante ilegalidad lo sabe cualquiera que se haya leído la ley vigente que prohíbe que un mismo titular pueda ser adjudicatario de más de una concesión: aquí licencias se han repartido entre solo nueve empresas. La ampliación a posteriori del plazo concesional establecido en el pliego de condiciones es de una arbitrariedad manifiesta. Este mismo pliego contiene cláusulas contrarias a la legislación como la obligación de tener que emitir a través de un operador designado por la Comunidad, hecho acreditado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

La ley prohíbe que un mismo titular pueda ser adjudicatario de más de una concesión

Que la pretensión del Gobierno regional de que la segunda cadena de Telemadrid emita en analógico y de autorizar a los adjudicatarios de este concurso de televisión digital a emitir por tecnología analógica, nos devuelve a la situación de alegalidad y autoatribución de frecuencias anterior a 1995, de lo que tomamos buena nota todos los interesados.

Que los participantes excluidos, algunos como Tele K -con más de 12 años de experiencia y de trayectoria intachable en la televisión de proximidad- hemos servido de figurantes de una farsa con un desenlace previsible y previamente determinado lo constata el hecho de que desde hacía meses algunos confidenciales digitales ya barruntaban los nombres de algunos proyectos ganadores.

Pero lo que no puede durar más en nuestro sistema audiovisual, es que sean los gobiernos los encargados de otorgar las concesiones, de decidir quién sí y quién no puede comunicar como si de la ejecución de una obra se tratase, en lugar de unos consejos audiovisuales independientes que llegarán demasiado tarde, cuando todo el pescado esté vendido.

Lo que es urgente desterrar son prácticas como la llevada a cabo por Esperanza Aguirre de intentar suprimir por decreto las voces críticas o simplemente diferentes aprovechándose de sus prerrogativas legales para beneficiarse de una red de medios afines socavando de esta forma el pluralismo en el que se debe basar toda sociedad democrática.

Lo que no debe continuar es la impunidad en la que se mueve el poder y la falta de garantías de los perjudicados por decisiones a todas luces injustas. A lo más que se puede aspirar en el mejor de los casos después de un larguísimo y costoso proceso es a una indemnización compensatoria que en ningún caso podrá reparar el daño causado.

Lo que en definitiva no puede prolongarse ni un minuto más es la visión exclusivamente mercantilista y politizada de la comunicación que incluso en un campo natural para favorecer la diversidad como es la televisión local, excluye a propuestas sustentadas por la iniciativa ciudadana, con una clara vocación de servir a la comunidad a la que se dirige, de promover el empleo, la cultura local y el acceso de los ciudadanos de zonas desfavorecidas a la sociedad de la información. Antes se prefiere entregar a la empresa del amiguete de turno, constituida unos días antes de convocar el concurso, la tercera parte de las licencias en juego.

Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que sin unos medios de comunicación diversos y plurales que recojan los diferentes puntos de vista presentes en la sociedad no habrá una democracia efectiva.

Esto sí lo percibieron cientos de miles de italianos que hace dos años salieron a la calle a parar la llamada Ley Gasparri por la que el primer ministro del país trataba de favorecer su imperio de comunicación.

Madrid no puede permitir este toque de queda informativo que nos quiere imponer Esperanza Aguirre. Permanezcan atentos a nuestra pantalla. Nos vemos en septiembre.

Francisco Pérez es director de Tele K y presidente de la Asociación de Televisiones Locales de la Comunidad de Madrid.