Precaución obligada

El primer ministro británico anunció la semana pasada el final de la tolerancia con cualquier manifestación del extremismo islamista. El Gobierno ha comenzado a poner en práctica el nuevo discurso, que Tony Blair pretende plasmar en una docena de reformas legales, con la detención y anuncio de la próxima deportación de 10 radicales islámicos considerados una amenaza para la seguridad nacional, entre ellos el jordano Abu Qutada, jefe espiritual de Al Qaeda en Europa e inspirador del 11-M. Londres ha prohibido también el regreso a su territorio al imán sirio Omar Bakri Mohamed, que apoya y justifica el terrorismo islamista, una decisión elogiada por el Consejo Musulmán del Reino Unido.

El nuevo frente contra el terror apunta especialmente a sus inspiradores, con demasiada frecuencia acogidos a la hospitalidad de Londonistán. Pero no le va a resultar fácil al Gobierno laborista llevar a la práctica sus propósitos de expulsión de los predicadores incendiarios que incitan al exterminio. Las leyes antiterroristas británicas son muy severas (herencia del IRA), pero no tanto con la soflama que allana el camino a la bomba y cuya vinculación directa es siempre difícil de probar. Londres, además, tiene incorporada a su legislación la Convención Europea de Derechos Humanos, que prevé para los deportados garantías contra la tortura. Mientras las leyes no cambien, la decena de extremistas detenidos el jueves tiene el derecho de apelar ante los jueces su deportación.

Organizaciones de derechos humanos critican la coartada que permitirá la expulsión de los detenidos a países islámicos, previa garantía de que no serán sometidos a torturas. Que Londres haya llegado a un acuerdo de este tipo con Jordania y pretenda hacerlo con Argelia o Líbano, alegan, es papel mojado dada la nula credibilidad en este terreno de los países de destino. Blair, en cualquier caso, no parece dispuesto a pararse en barras. Quiere dar a la seguridad nacional igual peso que la protección de los derechos individuales para evitar que, como ha sucedido antes, los jueces rechacen la deportación de extranjeros invocando las garantías europeas contra los malos tratos.

Los argumentos contra los incitadores no pueden ser discutidos. El extremismo doctrinal es el oxígeno que alienta atrocidades como las de julio en Londres. Las prédicas incendiarias provocan miedo y resentimiento y constituyen un profundo elemento de ruptura social. Pero Blair tendrá que hilar muy fino, pese al decidido apoyo popular y a la promesa de usar las leyes con extrema precaución, para evitar que su legislación antiterrorista acabe socavando libertades fundamentales en un país referente del sistema democrático.