Posturas enfrentadas dentro del cuerpo

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se ha mostrado de acuerdo con las medidas cautelares tomadas por el Ministerio del Interior de separar del servicio por seis meses a los agentes implicados. "Lo que sería muy grave es que pudieran seguir en Roquetas como si nada hubiera pasado", ha declarado el portavoz de la AUGC, Joan Miquel Perpignan. Esta asociación, mayoritaria dentro de la Guardia Civil, considera que las medidas cautelares "no presuponen nada. La acción de suspender a alguien en funciones es una cosa habitual cuando hay la imputación de un delito tan grave y alarma social".

La AUGC se ha mostrado de acuerdo con la decisión del ministro del Interior, José Antonio Alonso, de adelantar sus explicaciones al Parlamento al próximo jueves. Para la asociación, Alonso debe aclarar por qué se emitió una nota de prensa asegurando que el hombre había fallecido de un infarto, cuando no era cierto.

Por el contrario, la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) dirigió una queja al Defensor del Pueblo "por vulneración de los derechos fundamentales" de los guardias imputados y "en defensa de los derechos a la presunción de inocencia, honor y libertad de expresión". Para el portavoz de la ASIGC, Joaquín Parra, los agentes "son víctimas del escarnio público, al que se les ha sometido por parte de distintos medios de comunicación, un grupo concreto de ciudadanos de Roquetas, representantes de la Administración y políticos en el Congreso del Grupo Parlamentario del PSOE".

Para el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Guardia Civil, en lugar de aclarar este suceso y "reconocer que se ha obrado mal", ha tratado de ocultarlo "como si hubiera sido algo fortuito, cuando los indicios apuntan a una muerte por malos tratos".