Al aula, señor fiscal

Las declaraciones del fiscal coordinador de menores de Valencia, Sr. Dolz, aparecidas el 2 de junio pasado, han causado un profundo malestar entre el profesorado. Con su pretensión de responsabilizar civil y penalmente a los profesores por los casos de acoso escolar, evita adentrarse en las verdaderas causas del problema, pues el acoso no es más que la punta del iceberg de la conflictividad existente en los centros escolares y una consecuencia más del gravísimo deterioro de la convivencia en los institutos.

Los centros carecen de medios para solucionar muchos de los problemas de conducta (desobediencia, insubordinación, provocación, agresividad, amenazas...), que diariamente se nos presentan y que en algunos casos graves requerirían una intervención psicológica, de asistencia social y de salud mental, problemas éstos que desbordan la competencia y disponibilidad actual de los centros docentes.

A falta de herramientas para sancionar o modificar conductas, se añade la ausencia de apoyo institucional y social, así como el desprestigio al que nos vemos sometidos los docentes por expertos que jamás han pisado un aula. Se exige a la escuela no sólo enseñar y educar en las condiciones actuales, sino resolver los problemas que causan alarma social (maltrato a la mujer, irresponsabilidad en la conducción, consumo de drogas, violencia...).

Recae sobre ella la responsabilidad de la mala educación de los jóvenes y el aumento de la violencia, mientras otros ámbitos de socialización (familia, televisión, videojuegos, publicidad...) son hipócritamente ignorados porque no hay cabezas visibles contra las que arremeter, o porque dirigirse directamente a la raíz del problema exigiría un compromiso de actuación de mucho mayor calado.

Las declaraciones del señor Dolz suponen un desconocimiento absoluto de la realidad escolar, no ayudan a la solución del problema y contribuyen a desacreditar el trabajo del profesorado ya de por sí escasamente valorado.