Un grupo de expertos denuncia que la Generalitat abusa del recurso a los interinos

La Administración autonómica "abusa de la interinidad", según concluye el Informe sobre buen gobierno y transparencia administrativa, que se presentó ayer y que han redactado una decena de expertos independientes nombrados por el Gobierno catalán. En el informe se critican las políticas de personal de la Generalitat, que son calificadas de "poco transparentes y opacas", pues el 36% de su plantilla lo forman interinos "reclutados sin ninguna garantía de objetividad". Los técnicos proponen un nuevo régimen de incompatibilidades o la simplificación las contrataciones.

El informe hace un diagnóstico muy crítico de la Administración catalana, sobre todo de su política de personal. Los técnicos, muy duros en este apartado, añaden que los interinos "han sido reclutados sin ninguna garantía de objetividad, mérito o capacidad y transparencia". Los autores del estudio proponen que se limite el uso de contractos laborales temporales y que se "flexibilicen" las convocatorias de oposiciones para cubrir en pocos meses las vacantes.

En referencia a la contratación de altos cargos, abogan por su "limitación y justificación", y consideran que todas las administraciones han recurrido de manera abusiva a esta figura. También piden que en su nombramiento prevalezcan los criterios técnicos por encima de los políticos.

El notario Juan José López Burniol, uno de los participantes en la elaboración del Informe sobre buen gobierno y transparencia administrativa, afirmó que la Administración catalana "necesita con mucha más urgencia que cualquier reforma administrativa una reforma política". Según López Burniol, esta reforma, aplazada desde hace años, tiene que concretarse "en una ley electoral, una organización territorial, una ley de financiación de los partidos políticos y una ley reguladora de los medios de comunicación públicos". El principal problema, según López Burniol, "no es la falta de normativa o que la normativa sea mala, sino la falta de cumplimiento de la misma".

Las principales recomendaciones del informe son:

- Subvenciones. Aprobar una nueva ley de subvenciones para organizaciones sindicales y empresariales. Fijar unos criterios rígidos para otorgarlas y obligar a su publicación y al rendimiento de cuentas por parte de los beneficiarios. En Cataluña,precisa López Burniol, existe una tendencia histórica a mantener zonas de sombra normativa en las ayudas públicas.

- Derecho a la información. Los expertos piden a la Generalitat que "regule el acceso a la información y la documentación pública" con el objetivo de "convertir todos los documentos en el ámbito de la Administración en documentos públicos y accesibles al ciudadano".

- Incompatibilidades. La Generalitat no dispone de una legislación propia de incompatibilidades de sus altos cargos y la que regula la incompatibilidad de sus funcionarios es mejorable, asegura el dictamen de los expertos, que también denuncia el proceso de proliferación de altos cargos en la Adminstración autonómica.

- Contratación. Pese a que está "exhaustivamente regulada", con una legislación muy completa y detallada, con procedimientos "muy estrictos", la percepción social es más bien la contraria: que hay clientelismo, amiguismo y adjudicación a dedo, concluye el informe. Para acabar con esta situación, los expertos solicitan un esfuerzo de simplificación para conseguir que contratar con la Administración "sea más fácil, menos críptico, menos costoso en el tiempo y en esfuerzos burocráticos". Asimismo, el informe pide que para seleccionar a los contratistas el factor decisivo no sea únicamente el precio.

- Externalización. La subcontratación de adjudicaciones a terceras empresas es otra de las grandes críticas, porque su proliferación excesiva puede generar efectos nocivos, como debilitar las garantías de calidad de la obra o del servicio contratado.

- Empresas públicas. Todas sus cuentas tendrían que ser públicas y someterse a la verificación de auditores independientes.