El presidente del Supremo justifica la orden de la policía británica de "tirar a matar"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Francisco José Hernando, propuesto por el PP, justificó ayer las instrucciones de "tirar a matar" recibidas por la policía británica en la lucha antiterrorista y que han provocado la muerte en Londres, por error, de un joven brasileño. Hernando declaró: "Estamos ante la tercera guerra mundial, que es la guerra contra el terrorismo. Soy contrario como es natural a la pena de muerte, pero cuando el riesgo que se pretende evitar es mayor o puede producir la muerte de inocentes, la evitación del riesgo me parece oportuna".

"Eso no quiere decir que esté a favor de la pena de muerte, que no lo estoy, pero creo que es necesario extremar las medidas porque la agresión siempre suele ser inopinada y además afecta a vidas inocentes que se han de proteger", añadió. Hernando hizo estas declaraciones en un curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos.

Tras conocer estas opiniones, IU, PSOE y ERC censuraron las palabras de Hernando. IU reclamó medidas disciplinarias contra el presidente del Supremo y denunció que las declaraciones de Hernando constituyen un "absoluto despropósito que no provienen de la razón, sino de la cerrazón, y defienden una ideología que debería estar al margen de los principios del Estado de derecho que debe defender un responsable de la judicatura". El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares instó a los jueces a "hacer dimitir" a Hernando por "dinamitar" el Estado de Derecho como quieren los terroristas.

El secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, calificó de "improcedentes" las declaraciones de Hernando. A su juicio, el presidente del Supremo no está a la altura de su papel al convertirse en "adalid del tiro a la cabeza". "Hemos oído con estupor estas declaraciones justificando el tiro en la cabeza a un inocente y un homicidio. Mantener este criterio es como justificar la pena de muerte sin juicio previo y que la policía, en vez de los jueces, administren la Justicia".

El presidente del PP, Mariano Rajoy, fue preguntado ayer por lo ocurrido en Londres, y contestó: "Lo lamento mucho, como todo el mundo. Es un error tremendo, pero a veces estas cosas ocurren. Creo que hay que hacer el mayor esfuerzo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir".

El PNV considera que el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha quedado "deslegitimado" para seguir al frente de este puesto. Así lo aseguró ayer el portavoz del PNV en la Comisión de Interior del Congreso y ex vocal del CGPJ, Emilio Olabarria, quien calificó las palabras de Hernando como "desvaríos de gran magnitud", máxime cuando son pronunciadas por una persona que ocupa un cargo institucional. Tras recordar que las propias autoridades británicas han pedido disculpas por el tiroteo, Olabarria destacó que el hecho de que haga este tipo de declaraciones quien está al frente del órgano de gobierno de los jueces queda "automáticamente deslegitimado para seguir ejerciendo su función". "Me parece grave que el presidente del Poder Judicial haga reflexiones que rayan el desvarío y, sobre todo, que rayan la injusticia y constituyen la primera negación del Estado de derecho y del principio de legalidad", concluyó.

"Horror y vergüenza"

La minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial acogió ayer con "horror y vergüenza" las declaraciones del presidente de este organismo y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, sobre las medidas anunciadas por Reino Unido tras los atentados del 7 de julio en Londres.

En un comunicado, los citados vocales muestran su más "enérgico repudio" a esas declaraciones de Hernando, que critican que se haya mostrado partidario "de la suspensión de derechos y libertades de los ciudadanos sin el preceptivo control constitucional o judicial, quedando al puro arbitrio policial". "Reafirmamos que nuestros jueces y magistrados se mantendrán firmes en la defensa de los derechos y libertades de todas las personas, el primero de los cuales es el derecho a la vida, con plena sujeción a un proceso justo con todas las garantías", añade el comunicado.