Los socialistas de Cádiz reclaman los expedientes de un promotor
El PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Cádiz, que gobierna el PP, todos los expedientes de licencias urbanísticas de fincas del centro de la ciudad y requerimientos de obra abiertos por el Consistorio gaditano al empresario inmobiliario, Enrique Arroyo, señalado por dos presidentes vecinales como asustaviejas, término usado para designar a promotores que desalojan viviendas mediante supuestas coacciones. Con estos documentos, los socialistas tratan de aclarar cuál es la relación existente entre el equipo de gobierno y Arroyo.
La empresa de este promotor, Servicio Inmobiliaria de Gestión Saea, obtuvo, al menos, 19 licencias por parte del Ayuntamiento para hacerse cargo inmuebles del casco antiguo. A su vez, el equipo de gobierno había asegurado que contra este empresario se han abierto en los últimos meses 73 expedientes de requerimiento de obra, algunos de ellos, sancionadores. El Ayuntamiento hacía públicos estos datos recientemente tras conocerse que un poder notarial vinculaba a Arroyo con el concejal de Urbanismo y abogado, José Loaiza, el teniente de alcalde, Enrique García Agulló, y el marido de la concejala de la Mujer, Mercedes Colombo, Alfonso Pozuelo, socio de despacho de Loaiza. El Consistorio afirma que no existe connivencia entre el promotor y la administración municipal. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Rafael Román explicó que con su petición de documentos no trata de "demonizar" a nadie sino aclarar e investigar las relaciones entre Enrique Arroyo y el equipo de gobierno. El próximo lunes, el Ayuntamiento celebrará un pleno extraordinario sobre este conflicto.
Román pide dos relevos
Román también anunció ayer que reclamará en pleno municipal el nombramiento de dos nuevos vocales del comité ejecutivo de la Zona Franca gaditana, que sustituyan a los actuales representantes del Consistorio en el recinto fiscal, Ignacio Romaní y Enrique García Agulló, ambos concejales del Partido Popular. Según Román, han demostrado ser unos "inútiles desde el punto de vista político" porque "no vieron" los desmanes que se estaban cometiendo.
Las supuestas irregularidades han dejado un agujero económico que puede alcanzar los 81 millones de euros. Las operaciones más conflictivas se han localizado en la compañía alimenticia Quality Food y en la sociedad informática Rilco, dos empresas propiedad de la Zona Franca, que, tras investigar la Abogacía y la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas, han llegado a la justicia ordinaria a través de querellas ya presentadas o anunciadas por los responsables del recinto fiscal.
Según Román, los ediles del PP, como representantes del Ayuntamiento en el comité ejecutivo de este organismo, debieron advertir estas anomalías en la gestión. "No se percataron y, si lo vieron, nada dijeron, lo que sería peor todavía", sostuvo.
