El PSOE exige que Gallardón releve a Álvarez del Manzano por el 'caso Imefe'

El caso Imefe dio ayer un nuevo giro. El PSOE exigió a Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, que destituya al ex regidor José María Álvarez del Manzano de su cargo de presidente del Ifema (Institución Ferial de Madrid) y, además, que el Ayuntamiento actúe como acusación particular en el proceso judicial que pueda iniciarse tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Esta denuncia afecta a dos ex responsables del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) y a dos directivos de empresas adjudicatarias de cursos de formación. El periodo investigado va de 1994 a 1999.

El edil Óscar Iglesias, portavoz adjunto del grupo socialista, considera que ha llegado el momento de que Álvarez del Manzano deje la presidencia del Ifema por el "escándalo" de los cursos del Imefe, que su partido denunció hace cuatro años. "Vamos a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento una propuesta para que el Consistorio se persone como acusación particular", señaló ayer Iglesias. "Además, pedimos la destitución de Álvarez del Manzano como responsable de lo sucedido, ya que en el momento de los hechos ocupaba la alcaldía y, por tanto, dependían de él estos cursos", añadió. Según Iglesias, el ex alcalde fue el "máximo responsable político del fraude social más grave de la historia del Ayuntamiento".

El vicealcalde y portavoz del PP, Manuel Cobo, anunció que su formación política votará en contra de esta petición de destitución presentada por el PSOE.

Las peticiones del grupo socialista llegan una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiera una denuncia contra dos ex responsables del Imefe. Se trata de José Luis Solana y Ricardo Peydró Blázquez, actual teniente de alcalde de Las Rozas, a quienes relaciona con supuestos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad y estafa en la adjudicación de cursos de formación a desempleados.

La gestión investigada por Anticorrupción, a partir de una denuncia socialista basada en informaciones de EL PAÍS, se ciñe al periodo 1994-1999, pero los hechos delictivos parten de 1996. El entramado que describe la denuncia es el siguiente: las empresas Incof, Ifomar, Defoco y Prevecón se constituyen por los empresarios Fernando Cisneros y José María Ariza "por indicación de Solana y Peydró", por lo que los primeros "conocen de antemano sobre qué temas va a girar la programación anual del Imefe y elaboran los programas formativos en consecuencia". "Esto les coloca en una posición más ventajosa que la del resto de las empresas con las que compiten. En resumen, el juego no es limpio, las adjudicaciones están pactadas de antemano", señala Anticorrupción.

El texto define que ambos ex altos cargos incurrieron en supuesta prevaricación, ya que las adjudicaciones de concursos estuvieron "viciadas desde su origen", pues respondían al "previo pago de dinero en metálico o regalos" (cohecho) y fueron dictadas "a sabiendas", con el "ánimo de favorecer" a las citadas sociedades. El texto de la fiscalía plantea que la empresas abonaron comisiones del 3% del importe del curso, ya que sabían desde el principio que había que "pagar para ser adjudicatarios del Imefe".

Las empresas de los denunciados recibieron 134 cursos y al menos siete de ellos "no se ejecutaron". Incluso se ha comprobado que se falsificaron las firmas de los alumnos para simular su asistencia. Anticorrupción calcula en 154.532 euros el perjuicio patrimonial ocasionado.

Solana incurrió supuestamente en un delito de falsedad y estafa, ya que no visitaba "a propósito", salvo en contadas ocasiones, los cursos. "Para evitar ser descubierto y que saliera a la luz el trato de favor recibido por estas adjudicatarias, prefería no inspeccionar ninguna", señala el escrito fiscal. Sobre Peydró se afirma en la denuncia que "también recibía regalos por favorecer las adjudicaciones y cerrar los ojos sobre lo que estaba sucediendo, y con su proceder favoreció la comisión de los delitos de falsedad y estafa al no adoptar ninguna medida para evitarlas".

Isabel Villalonga, concejal socialista y en su día presidenta de la comisión de investigación del caso Imefe, anunció que el PSOE ampliará la denuncia a las 19 empresas que considera involucradas en el fraude, y no sólo a las nueve que pide Anticorrupción.

Los socialistas sostienen que no puede quedar "impune" un fraude de 7,8 millones que debía haber tenido como principales beneficiarios a los desempleados madrileños. De esta cantidad, 3,54 millones los aportó el Fondo Social Europeo, que, según el PSOE, ha exigido al Ayuntamiento su devolución, y 4,33 millones de las arcas municipales.

Cuatro años de denuncias

El caso Imefe arrastra una historia de cuatro años de denuncias e investigaciones sobre el cobro de dinero por "una serie de empresas cuyos responsables en el 99% de los casos son militantes del PP", subraya el PSOE, por la prestación de cursos de formación que no llegaron a realizarse o bien fueron impartidos en condiciones de "absoluto descontrol". La consecuencia económica más patente, según el PSOE, es que la UE ha reducido en un 50% el dinero concedido al Ayuntamiento para cursos.

El grupo socialista propondrá a la Agencia de Empleo, dirigida por la edil Ana Botella, que también se persone como acusación particular. Esta agencia es heredera del antiguo Imefe. "Hemos pedido una reunión urgente del consejo rector de este organismo para tratar el asunto", anunció Rafael Merino, representante socialista en la agencia. Merino denunció asimismo el "deficiente funcionamiento" de la agencia y su "incapacidad" para afrontar el desempleo. "De los 100.000 parados que hay en la ciudad, la agencia no ha sido capaz de colocar a más de 50", señaló.