La alcaldesa de Marbella se enfrenta a la Junta por el Plan de Ordenación Urbana

El equipo de gobierno que preside Marisol Yagüe acordó ayer sacar a exposición pública, hasta el próximo 30 de septiembre, el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella en contra de la postura de la Junta de Andalucía que exige que el pleno apruebe el documento antes de abrir el periodo de alegaciones. Yagüe logró el respaldo a su tesis del Partido Popular (PP) y de la amalgama de grupos mixtos que antes constituían el Grupo Independiente Liberal (GIL), y solo el PSOE votó en contra. La consejera de Obras Públicas de la Junta, Concepción Gutiérrez, consideró la decisión una "pantomima" y un "riesgo para la legalidad".

Junta y Ayuntamiento firmaron en enero de 2004 un convenio de colaboración para la redacción de un nuevo PGOU -el vigente data de 1986- que devuelva la seguridad jurídica y la legalidad urbanística a la ciudad, donde en las etapas de gobierno del GIL se construyeron unas 30.000 viviendas ilegales. El documento fue encargado al urbanista Manuel González Fustegueras, que el 16 de mayo pasado entregó el documento de avance a ambas Administraciones. La Junta, que respalda el texto y es a la que corresponde la aprobación definitiva, instó al Ayuntamiento a aprobarlo de inmediato y abrir así un procedimiento de información pública en el que habrá más garantías legales para tratar las alegaciones.

Pero Yagüe, que pretende introducir modificaciones sustanciales en el texto antes de su aprobación por el pleno, ha desoído a la Junta. En la sesión de ayer adujo seis motivos por los que el Ayuntamiento no va a aprobar de momento el avance: "Por la no participación del Ayuntamiento; la no participación social, las deficiencias técnicas encontradas, la difícil viabilidad económica, las contradicciones con el plan de ordenación subregional y el incumplimiento por parte de la Junta del espíritu del convenio firmado el 15 de enero de 2004 entre ambas Administraciones".

Errores

La alcaldesa insistió en que el Ayuntamiento no ha participado "en absoluto" en la redacción del texto elaborado por el arquitecto González Fustegueras, y que el documento contiene "graves deficiencias y errores que deben ser subsanadas antes de su aprobación por el pleno". El texto fue conocido y avalado antes de su entrega por un técnico municipal y otro de la Consejería de Obras Públicas.

El concejal del PSOE, Silvestre Puertas, aseguró que el Ayuntamiento ha incumplido "de manera flagrante" el convenio y advirtió de que ello puede acarrearle la retirada de las competencias urbanísticas por parte de la Junta y que sea ésta la que finalmente elabore el nuevo PGOU, aunque la ley que permitirá esta atribución está aún en trámite parlamentario. Con la decisión adoptada ayer, el equipo de gobierno estima que será imposible aprobar inicialmente el PGOU en este año.