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Reportaje:

Cuatro puntos en discordia

El acuerdo sobre cuatro artículos de la Carta de Barcelona no se alcanzó hasta poco antes de presentar el pacto entre las tres administraciones

La recta final del acuerdo sobre la Carta de Barcelona ha sido un leer y un releer del articulado pactado inicialmente hace un mes por las tres administraciones y posteriormente modificado por las enmiendas que introdujo el plenario del Ayuntamiento de Barcelona. Ese texto, a su vez, volvió a ser modificado por el Gobierno central en la reunión del Consejo de Ministros del viernes pasado. Y esas modificaciones han sido tocadas y retocadas en las últimas 48 horas para llegar al acuerdo. Todo ello en aras del consenso, una expresión que si en la política catalana tiene sentido, en el caso de la Carta de Barcelona es casi como su partida de nacimiento.

Tantas idas y venidas del texto en las últimas dos semanas tenían relación con cuatro artículos en concreto que preocuparon especialmente al grupo de Convergència i Unió, pero también al tripartito municipal. El primero, el relativo a que el municipio de Barcelona es "capital de Cataluña". Esa denominación no agradó al Gobierno central, que la cambió por "capital de la comunidad autónoma de Cataluña". Finalmente en el texto definitivo -por lo menos el que recibirá la forma de proyecto de ley para ser aprobado por el Consejo de Ministros- presenta a Barcelona como "capital de Cataluña".

La capitalidad, el catalán en la justicia y la financiación, últimos flecos resueltos

Otro punto de fricción fue la redacción del artículo sobre el uso del catalán en la justicia de proximidad. Inicialmente el texto decía que ese idioma se utilizaría "de acuerdo con la legislación catalana". El Gobierno central lo modificó: "de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial y la legislación de Cataluña". Pues bien, la fórmula final dice así: "De acuerdo con la legislación vigente de Cataluña que incluya la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Pero el asunto de más enjundia se planteaba en dos artículos que especificaban la financiación municipal. Al ser revisado el texto en el Consejo de Ministros del viernes pasado, cayó del articulado un apartado que preveía que una de las fuentes de los recursos de Barcelona serían "los ingresos procedentes de la cesión de los impuestos de otras administraciones públicas". Finalmente se ha refundido otro apartado del mismo artículo que dice lo siguiente: "Las participaciones en los ingresos del Estado y la Generalitat de Cataluña y en su caso la cesión de tributos de estas administraciones". La diferencia entre una y otra situación era importante porque la supresión de aquel apartado suponía para la ciudad que no podría tener la cesión de impuestos del Estado o la Generalitat, y con la segunda redacción está claro que sí. Parecida cuestión fue objeto de debate jurídico-político en otro artículo en discordia a propósito de la participación de Barcelona en los tributos del Estado. Inicialmente precisaba que podría ser "a través de un sistema de cesión y/o participación en los impuestos estatales". El Gobierno central entendió que procedía quitar la y, conjunción que finalmente permanece en el texto acordado.

Solventar esas diferencias no se logró hasta prácticamente un rato antes de presentar el acuerdo final en un solemne acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Un acto tras el cual todos los firmantes del acuerdo -incluso Alberto Fernández Díaz, que se abstuvo, aunque dando a entender que la posición de su grupo puede cambiar cuando la ley se debata en el Congreso de los Diputados- destacaron que el paso dado repercutirá en la calidad de vida de los ciudadanos de Barcelona. "La Carta es una buena ley, más ambiciosa que la que inicialmente se firmó en este consistorio en 1997", afirmó Xavier Trias, presidente del grupo municipal de CiU.

Una ley que puede tener sus efectos más claros -al menos, así se plantea- en cuestiones de seguridad y civismo. Y en justicia de proximidad, una baza de la ley que parece tener también el necesario semáforo verde de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "La reforma de esa ley se tramitará en paralelo a la Carta de Barcelona, por lo que la aplicación de la justicia de proximidad será realidad en poco tiempo", dijo el alcalde.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de julio de 2005