Casas quiere evitar que el recurso de amparo sea una tercera instancia

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, propuso ayer en el acto conmemorativo del 25º aniversario del Tribunal Constitucional una reforma de la ley orgánica que lo regula para evitar que el recurso de amparo ante el alto tribunal sea una tercera instancia ordinaria que provoca el bloqueo del organismo.

Casas dijo que los primeros 25 años han puesto de manifiesto "ciertas disfunciones, particularmente graves algunas". "Las cifras de asuntos ingresados han seguido una tendencia imparable de crecimiento", dijo la presidenta, "con el resultado de incrementar en exceso el volumen de trabajo acumulado del Tribunal. Las soluciones arbitradas con los medios procesales que la legislación ofrece en la actualidad no pueden, sencillamente, alterar esta situación, por más que se intensifique el esfuerzo de organización y trabajo".

"Creemos", dijo, "que la racionalización de la carga de trabajo del Tribunal y la mayor agilidad y acortamiento de los plazos de respuesta en los procesos de que conoce en los que queda comprometida la eficacia de la solución, mediante la disminución de asuntos pendientes de admisión (cuya acumulación ha crecido a través de los años, señaladamente en amparo) y del tiempo medio de espera en el dictado de la sentencia o resolución definitiva, son objetivos irrenunciables".

Reformas legales

"Sin embargo", precisó, "estamos persuadidos de que su consecución dependerá no ya de medidas internas, sino con seguridad de reformas legales. La necesidad de evitar que el recurso de amparo sea una tercera instancia ordinaria, (...) es también un objetivo que deberíamos aprestarnos a alcanzar. No es razonable el esfuerzo y tiempo que el Tribunal dedica a la inadmisión de los recursos de amparo".

"Cabe esperar que la reforma de nuestra Ley Orgánica", agregó Casas, "contribuya a esa necesaria transformación, sin que ello signifique la desaparición o merma del control y tutela constitucional sobre la aplicación de los derechos fundamentales por los poderes legislativo y ejecutivo y por los órganos judiciales".

La futura reforma legal debería buscar el objetivo de aligerar la excesiva carga de trabajo que soporta el Tribunal Constitucional, y "de procurar la corrección y actualización de las diversas piezas y mecanismos que la experiencia ha revelado insuficientes o desajustados".

El tribunal, según su presidenta, "ha asumido un compromiso inequívoco en defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, cuya garantía ocupa una posición primordial en el sistema europeo de justicia constitucional, configurando su contenido esencial de una manera coherente con la concepción de España como Estado social y democrático de derecho".