El tripartito aprueba el Estatuto con la abstención de CiU, que negociará "hasta el último momento"

Tras 17 meses de trabajo, la ponencia redactora de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobó ayer su informe. Pero el suspense hasta la aprobación de la reforma por el pleno del Parlamento catalán está garantizado hasta el último momento, porque la aprobación de ayer se produjo sólo con los votos a favor de los tres partidos de la izquierda, que no alcanzan los dos tercios de la Cámara necesarios, el voto en contra del PP y la abstención de CiU.

Los 46 diputados de CiU en el Parlamento catalán constituyen una minoría de bloqueo para la reforma estatutaria. Sin su concurso, el proyecto no puede prosperar y la votación de ayer constituyó una prueba de fuerza por su parte. Aunque con guante de seda. El ponente de CiU, Francesc Homs, afirmó después de la reunión de la ponencia, que duró apenas 40 minutos, que su grupo mantiene "la predisposición" al acuerdo y está decidido a negociar "hasta el último momento".

El informe aprobado no contiene la disposición adicional con la propuesta de modificación de siete leyes orgánicas

ERC acusa a CiU de mantener propuestas inconstitucionales, como un concierto económico para la financiación

El informe define a Cataluña como nación e introduce el deber de conocer el catalán

El PSC cree que aún quedan por ajustar algunos aspectos a la Constitución

Maragall asegura que es posible limar las diferencias y conseguir el consenso necesario para aprobar el proyecto

Los nacionalistas anunciaron para el lunes la presentación de tres votos particulares sobre los aspectos de informe que han determinado su abstención: uno al título sobre la financiación de la Generalitat, otro sobre el "blindaje" de las competencias de la Generalitat, y otro sobre varios aspectos del informe, entre los que figuran desde aspectos sociales hasta el tratamiento a dar a las comarcas.

La posición de CiU fue duramente criticada por los ponentes del tripartito, especialmente por el de Esquerra Republicana (ERC), Joan Ridao, quien acusó a los nacionalistas de haberse entregado a una "penosa demagogia pseudoradical" y de sostener propuestas claramente inconstitucionales, como un sistema de financiación que en realidad es un concierto económico "que no tiene ninguna posibilidad de prosperar". El diputado republicano afeó a CiU que después de "23 años de inmovilismo y de ocho de pactos con el PP" pretenda ahora "ir de más nacionalista que nadie sólo para erosionar a Esquerra".

Pese a su voto negativo, también el ponente del PP, Francesc Vendrell, aseguró que su partido "mantiene la voluntad de consenso" y está dispuesto a negociar. El PP quiso reforzar su posición negándose incluso a firmar el informe de la ponencia. El presidente de los populares en Cataluña, Josep Piqué, reconoció poco después de la aprobación que el informe adoptado "está mejor" aunque a su juicio contiene todavía elementos de inconstitucionalidad.

La incertidumbre que la posición de CiU alimenta no fue obstáculo para que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, proclamara en una declaración oficial: "Hoy podemos decir que tenemos una perspectiva cierta sobre el nuevo Estatuto". Maragall expresó también su convencimiento de que "es posible limar las diferencias y conseguir el mayor consenso".

El presidente catalán tiene previsto entrevistarse el miércoles en Barcelona con el ministro para las Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y tratar con él uno de los asuntos incluidos en la reforma del Estatuto que afectan a la Administración del Estado: la modificación de la división provincial en Cataluña.

Maragall expresó su optimismo sobre "la receptividad" del Gobierno y la mayoría de las Cortes a la reforma. Especificó, además que le consta también que el Ejecutivo central "está dispuesto a considerar la posibilidad" de que las siete veguerías que crea la reforma del Estatuto "sean también siete provincias del Estado español".

El esfuerzo de los socialistas se orienta ahora, por una parte, a la negociación con CiU, para la que tanto Ridao, como el ponente de ICV, Jaume Bosch, se ofrecieron ayer como mediadores, y por la otra, a continuar eliminando riesgos de inconstitucionalidad que a su juicio se mantienen en el informe. Entre ellas destaca que el informe califica como exclusiva la competencia de la Generalitat en educación y cultura, materias sobre las que también tiene competencias el Estado.

La ponente del PSC, Lidia Santos, reconoció que "las cosas no están cerradas". En respuesta a las reticencias expresadas por el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, la diputada aseguró que "el texto que salga del Parlamento catalán, será aprobado en el Congreso".

Los socialistas han asumido que para que la reforma pueda ser aceptada en las Cortes debe reducirse a casos excepcionales el traspaso a la Generalitat de la gestión de competencias del Estado por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. En el informe hay 12 propuestas de traspasos por esta vía. ICV propone reducirlos a cinco. El PSC, a dos: los puertos y aeropuertos de interés general y la inmigración. Ayer mismo cayó de la proposición una disposición adicional que enumeraba las siete leyes orgánicas que deben reformarse para dar cabida al Estatuto. ICV, ERC y CiU atribuyeron a un olvido lo que los socialistas atribuían a un acuerdo de la ponencia.

Los dirigentes del tripartito están convencidos de que lograrán un acuerdo con CiU porque la propuesta de reforma es, a su juicio, "es un gran avance sobre el actual Estatuto", en palabras de Bosch. Ridao también lo aseguró: "Es un Estatuto superior al de 1979".

Lo que en algún momento llegó a ser un borrador con casi 300 artículos se ha reducido a un texto con 218, siete disposiciones adicionales, cuatro transitorias y cinco finales. El primer artículo proclama que "Cataluña es una nación" y que "ejerce su autogobierno mediante instituciones propias, constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el Estatuto".

Entre las novedades que introduce respecto al vigente Estatuto de 1979, que consta sólo de 57 artículos, se cuenta un extenso título sobre derechos y deberes de los ciudadanos y principios rectores de la Administración de la Generalitat.

Una de las diferencias que se introduce en la reforma es que "todos los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho de utilizar y el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales", el catalán y el castellano.

En el artículo dedicado a los derechos lingüísticos se dice que los ciudadanos "tienen el derecho de opción lingüística" en sus relaciones con la Administración y se especifica que para garantizarlo los jueces, magistrados, el fiscal y personal de la Administración de Justicia habrán de acreditar un conocimiento de las dos lenguas oficiales.

Las reformas más importantes son, sin embargo, las relativas al tratamiento de las competencias, a las que se pretende dotar de un "blindaje" que impida su erosión por las leyes estatales y la reforma del sistema de financiación de la Generalitat.